El Gobierno colombiano rechazó la orden de captura emitida contra su embajador Iván Velásquez y su fiscal general Luz Camargo, calificándola como un ataque político sin base legal.

El Ministerio Público citó a declarar a los abogados que acusan al presidente Arévalo de debilitar la soberanía nacional al levantar una reserva del artículo 27 de la Convención de Viena.