El Juzgado de Mayor Riesgo C no admitió el planteamiento de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín por falta de firmas, mientras la familia de la víctima continúa su lucha por justicia.

La mujer enfrenta cargos por abandono, pero asegura que la verdad aún no ha salido a la luz.

El Juzgado Segundo Penal recibió la carpeta sin algunas certificaciones clave. La reserva del proceso ha sido extendida de forma indefinida por petición del Ministerio Público.

El grupo exigió US$200 mil, una finca con 92 reses y varios vehículos. La víctima fue liberada tras seis días de cautiverio en Izabal.

Pese a indicios claros, fue liberado por un juez. Ahora fue recapturado tras ser declarado en rebeldía.