El presidente Bernardo Arévalo rechazó que la sanción de las reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) haya sido producto de una negociación política con el Congreso para garantizar respaldo al proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.
Durante declaraciones ofrecidas este miércoles 2 de septiembre de 2026, el mandatario aseguró que no existe un acuerdo de intercambio entre ambas decisiones y sostuvo que la reforma tributaria municipal y la discusión presupuestaria corresponden a procesos distintos.
La aclaración surge después de que el Ejecutivo sancionara el Decreto 18-2026, aprobado por el Congreso el 29 de julio, que modifica la Ley del IUSI y establece una tasa de cero por millar para inmuebles destinados a vivienda, uso residencial y uso mixto.
Para las propiedades destinadas a actividades comerciales, la normativa mantiene una escala progresiva de 3, 6 y 9 por millar, dependiendo del valor registrado del inmueble. Además, las reformas impiden que las municipalidades condicionen determinados servicios públicos al pago previo de este impuesto.
Antes de sancionar el decreto, el Ejecutivo había reconocido que analizaba sus implicaciones técnicas, financieras y políticas, debido a las dudas planteadas sobre el impacto que podría tener en los ingresos municipales. El Gobierno también había señalado que evaluaría si la reforma respondía a una necesidad concreta de la población o si estaba influida por el ambiente preelectoral.
La decisión generó cuestionamientos debido a que las municipalidades dependen en distinta medida de la recaudación del IUSI para financiar servicios e inversión local. Especialistas también habían advertido sobre vacíos técnicos y posibles efectos en las finanzas municipales.
En paralelo, el Ejecutivo presentó este miércoles su proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso, lo que alimentó versiones sobre una posible negociación entre ambos organismos del Estado.
Arévalo negó esa interpretación y sostuvo que la sanción del IUSI no estuvo condicionada a votos para el presupuesto. La propuesta presupuestaria deberá ahora iniciar su propio proceso de análisis y discusión en el Legislativo.
El mandatario también se refirió a la posibilidad de que las reformas sean cuestionadas ante la Corte de Constitucionalidad (CC). En ese escenario, dijo esperar que el tribunal realice un análisis técnico y certero sobre los recursos que eventualmente sean presentados.
La controversia continuará en dos frentes distintos: por un lado, los efectos que tendrá la reforma del IUSI sobre propietarios y municipalidades; y, por otro, la negociación legislativa del Presupuesto 2027, que deberá reunir los votos necesarios antes de finalizar noviembre.
Por ahora, la postura oficial del Ejecutivo es que no hubo un pacto entre la sanción del Decreto 18-2026 y la aprobación presupuestaria. Esa afirmación corresponde a la versión expresada públicamente por el presidente y no demuestra por sí sola la existencia o inexistencia de negociaciones políticas fuera de los mecanismos formales.
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