Un total de 34 jueces de Primera Instancia fueron nombrados, ascendidos o trasladados por una mayoría de nueve magistrados de los trece que integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala. Las decisiones se tomaron durante una sesión extraordinaria celebrada el pasado 3 de abril, pero el acta que lo respalda carece de firmas clave, lo que pone en duda la validez legal del proceso.
La Acta 15-2025, donde se registran estos movimientos, no fue firmada por el presidente de la Corte, Teódulo Cifuentes Maldonado, ni por los magistrados Flor de María García Villatoro, Estuardo Adolfo Cárdenas, ni por la secretaria general Cecilia Moscoso Arriaza.
Designaciones sin contrapeso y con reparto político
Según el documento, las designaciones fueron propuestas por nueve magistrados que concentran el poder de decisión actual en la CSJ. Entre ellos destacan:
- Teódulo Cifuentes Maldonado (6 propuestas aprobadas)
- Mauricio Corado Campos (5)
- Gustavo Morales Duarte (5)
- Claudia Paredes, Jenny Alvarado, Carlos Contreras (4 cada uno)
- Igmaín Galicia Pimentel (3)
- Clemén Juárez (2)
- René Girón Palacios (1)
Por el contrario, los magistrados que no lograron posicionar candidatos fueron Flor de María Villatoro, Flor de María Gálvez, Estuardo Cárdenas y Carlos Rodimiro Lucero Paz, lo que demuestra una fractura interna en el pleno.
Nombramientos relevantes bajo la lupa
Entre los movimientos destacan traslados de jueces a juzgados sensibles como los de femicidio, niñez y adolescencia, medio ambiente y ejecución penal. Las designaciones también incluyeron reingresos de jueces a la carrera judicial, algunos con historial previo en el sistema.
Las decisiones tomadas por el bloque dominante no fueron discutidas ampliamente y, según analistas, podrían haber respondido más a intereses internos que a criterios de mérito profesional.
Legalidad cuestionada por falta de firmas
La ausencia de firmas en el acta genera inquietudes jurídicas. Sin las rúbricas del presidente del organismo y otros togados, la validez de los nombramientos podría ser impugnada. Expertos en derecho señalan que estas omisiones, aunque formales, pueden tener consecuencias legales de gran alcance.
En total, se documentaron relevos y traslados en todo el país, lo cual genera una reestructuración importante en el sistema de justicia penal y civil en Guatemala.
División en la CSJ y concentración de poder
El reparto de jueces también dejó al descubierto la existencia de un bloque mayoritario de nueve magistrados que toma decisiones sin el consenso del pleno, debilitando los equilibrios internos del poder judicial.
Estas acciones se dan en un contexto donde diversos sectores han denunciado la politización del sistema de justicia y la falta de transparencia en las designaciones judiciales.
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