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Este jueves 5 de diciembre, el Ministerio Público (MP) ejecutó allanamientos en la sede de una firma de auditores vinculada a los hermanos del titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes.
La acción fue liderada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), bajo la dirección de Rafael Curruchiche, y forma parte de una investigación relacionada con el caso B410, que involucra a varias empresas por posibles actos de defraudación tributaria.
El contexto de la investigación
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La diligencia ocurre un día después de que los Medios de Comunicación revelaran que la FECI abrió un expediente en contra de Marco Livio Díaz Reyes, quien también ha sido señalado por posibles irregularidades en las acciones realizadas a través de la SAT. El allanamiento tiene como objetivo recopilar evidencia relacionada con una firma de auditores que, según la FECI, habría ayudado a varias empresas a solventar irregularidades fiscales ante la SAT.
En una rueda de prensa, Rafael Curruchiche explicó que la investigación se había iniciado hace cuatro meses, tras recibir información que indicaba que, mediante esta firma de auditores, las empresas involucradas en el caso B410 habrían intentado regularizar su situación fiscal de manera irregular. El jefe de la FECI enfatizó que la investigación se centra en la firma de auditores y no en Díaz Reyes, quien no está siendo investigado directamente por esta causa.
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#AhoraLH | Rafael Curruchiche indica que la FECI investiga vinculación entre las empresas relacionadas con el caso B410 y la firma de auditores de los hermanos del jefe de la SAT.
— Diario La Hora (@lahoragt) December 5, 2024
📹: José Orozco/LH pic.twitter.com/r6jNjvyGbV
Reacciones ante la investigación
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El MP también fue consultado sobre la postura adoptada por el Superintendente de la SAT, quien había reaccionado públicamente sobre las investigaciones en su contra.
A este respecto, el MP expresó su sorpresa, afirmando que la información sobre las investigaciones no provenía de su institución.
El 4 de diciembre, la oficina de comunicación del MP indicó que el Superintendente estaba mal informado sobre el proceso, lo que llevó a la institución a tomar acciones más contundentes.
La postura de la Cámara de Comercio
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Previo al allanamiento, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) emitió un comunicado instando al Ministerio Público a llevar a cabo una investigación exhaustiva y a aplicar sanciones ejemplares a las empresas y personas responsables del caso B410 de defraudación fiscal.
En el comunicado, la CCG subraya la necesidad de una investigación objetiva que identifique a los autores intelectuales de los actos ilícitos.
Amparo presentado por Díaz Reyes
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En un movimiento preventivo, Marco Livio Díaz Reyes presentó un amparo ante la Corte Constitucional de Guatemala, solicitando acceso a la carpeta de investigación en su contra y protegiéndose contra posibles órdenes de aprehensión.
Esta acción subraya la tensión en torno al caso, que ha generado inquietud tanto a nivel gubernamental como en el ámbito judicial.
Caso B410 y la vinculación de Miguel Martínez
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El caso B410 involucra a al menos 410 empresas acusadas de defraudar al fisco por un monto superior a los Q300 millones.
Entre las empresas mencionadas, se encuentran al menos tres con vínculos con Miguel Martínez, quien fue jefe del desaparecido Centro de Gobierno durante el primer año de la presidencia de Alejandro Giammattei.
En los últimos días, la SAT ha ampliado la investigación para incluir el caso Eureka-B410, que involucra al contratista individual Douglas Alexis Espinales Baños, quien también está relacionado con otros trabajos de investigación publicados por los Medios de Comunicación.
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