El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, ha respondido a la Procuraduría General de la Nación (PGN) en relación con los casos "dormidos" que involucran a diversas entidades y personalidades políticas.
La respuesta se produjo después de que el Procurador General visitara el MP el 19 de julio para dar seguimiento a estas investigaciones. Según el MP, ese mismo día recibieron un memorial de la PGN solicitando copias de las actuaciones en curso relacionadas con varias entidades bajo investigación.
En su comunicado, el MP destacó que la función de la PGN en los casos de lavado de dinero es representar al Estado de Guatemala en materia de reparación digna. Sin embargo, el MP es el único ente autorizado para llevar a cabo las investigaciones y persecución penal en estos casos, y por ley especial, es el único que puede acceder a las actuaciones del proceso penal durante la etapa de investigación.
El MP aclaró que la PGN podrá ejercer su acción de reparación una vez se dicte una sentencia condenatoria, como se ha hecho hasta la fecha.
¿Qué solicitó la PGN?
La PGN, en un comunicado publicado en su red social X, indicó que se trata de casos relacionados con posibles delitos de lavado de dinero que involucran a farmacéuticas, constructoras, diputados y funcionarios de administraciones anteriores.
La PGN subrayó que sus acciones están encaminadas a defender los intereses del Estado y a exigir que las actuaciones se desarrollen de manera diligente y pronta.
Casos pendientes
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) firmó un contrato de Q47 millones para rehabilitar un tramo de la carretera CA-1 oriente, o ruta a El Salvador, durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Sin embargo, los trabajos no han sido finalizados.
El proyecto es parte de los cerca de 100 aprobados por el Congreso en marzo de 2022 mediante el Decreto 21-2022, Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica.
La Dirección General de Caminos (DGC) firmó el contrato con la empresa Coordinadora de Logística, S.A. para la rehabilitación de la ruta CA-1 oriente, en un tramo de aproximadamente 12 kilómetros, de los cuales solo se trabajarían cuatro.
Contratos millonarios
Varias empresas fueron beneficiadas con contratos durante la administración de Giammattei y su pareja y exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez. Entre ellas, seis compañías fueron contratadas para el proyecto del Aeropuerto de San José, Escuintla:
- Constructora Carmor, S.A.: Q612.8 millones.
- Avalon, S.A.: Q161.2 millones.
- Construcciones e Importaciones Exicasa: Q237.4 millones.
- Grupo de Análisis, Diseño y Construcción, S.A.: Q131.2 millones.
- Desarrollo Integral Corporativo, S.A.: Q134.2 millones.
- Proyecciones y Construcciones a Futuro de Sur Oriente, S.A.: Q112.7 millones.
Investigación de La Botica
En junio, medios de comunicación publicaron que el MP no aceleraba la investigación contra La Botica S.A. por supuestas transacciones sospechosas detectadas por la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Estados de Calamidad
La administración de Giammattei solicitó al Congreso ratificar el decreto de Estado de Calamidad Pública emitido el 8 de julio. Durante su gobierno, se aprobaron nueve de los 11 decretos emitidos, seis por la pandemia y tres por emergencias climáticas.
El gasto total ejecutado bajo estos decretos fue de Q14,591 millones en cuatro años, según el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin).
El Congreso también ratificó estados de calamidad por las tormentas ETA e IOTA en 2020, y Blas, Celia y Julia en 2022.
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