El 14 de agosto, Marco Livio Díaz, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer una estructura compuesta por 410 empresas y personas individuales, denominada B410, que habría defraudado al fisco por más de Q300 millones.
Las investigaciones de la SAT revelaron que una de las entidades vinculadas, Grupo Propela, Sociedad Anónima, hizo negocios con el Estado por un total de Q12 millones. Según Guatecompras, esta empresa obtuvo 136 contratos en 2022, todos adjudicados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), específicamente a través del Hospital San Juan de Dios.
Antes y después de ese año, no se registran más adjudicaciones.
Servicios prestados
Los contratos firmados por Grupo Propela incluían obras de readecuación de tuberías, mantenimiento de losas, iluminación de ascensores, remozamiento de paredes, reparación de ventanales, tratamiento de humedad, entre otros. Además, la empresa suministró 6 mil tazas de cerámica, 6 mil sombrillas y 5 mil bolsas porta condones para una campaña de prevención de enfermedades.
Fraccionamiento de contratos
Se detectó un posible fraccionamiento en al menos 15 contratos por menos de Q90 mil cada uno, que, sumados, superan los Q1.3 millones, todos relacionados con la instalación, reparación y mantenimiento del sistema de climatización del hospital.
Según la Ley de Contrataciones del Estado, cuando el monto total supera los Q90 mil, la compra debe realizarse por licitación pública. En este caso, se utilizó la modalidad de compra directa, permitiendo adquisiciones por montos entre Q25 mil y Q90 mil sin necesidad de licitación.
Dirección inexistente según la SAT
La SAT descubrió que estas empresas levantaron sospechas al facturar millones al Estado, reportando capitales mínimos, sin empleados y sin una sede real.
Más de 200 empresas, incluida Grupo Propela, registraban como dirección la colonia Banvi, zona 7, una ubicación que no existe según los auditores de la SAT. En las facturas de los servicios prestados al Hospital San Juan de Dios, se indica la dirección 33 calle C, colonia Banvi 2, lote 18, zona 7, que también resultó ser inexistente.
El representante legal
Según Guatecompras, José Antonio Fernández Rodríguez es el representante legal de Grupo Propela, S.A., y de otra empresa llamada Carreteras y Casas, S.A., que obtuvo contratos por Q69.7 millones durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Ambas empresas realizaron negocios principalmente con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI).
Los Medios de Comunicación publicaron recientemente un artículo revelando que otra empresa vinculada a la estructura B410, Grupo Basado, S.A., vendió alimentos al Estado a precios inflados.
Irregularidades en el caso B410
La investigación de la SAT descubrió que más de 100 compañías compartían el mismo perito contador, quien denunció haber sido inscrito sin su consentimiento. Además, más del 75% de estas firmas fueron constituidas por el mismo abogado, y muchas tenían un representante legal común.
Modo de operación de la red según la SAT:
- Representante legal y perito contador compartidos.
- Contribuyentes registrados en domicilios fiscales inexistentes.
- Documentos alterados para registrarse ante la SAT.
- Contribuyentes subdeclarantes.
- Sin evidencia de infraestructura.
- Relación de débitos/créditos menor al 0.01%.
Denuncias presentadas
El jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, informó que ya se han presentado denuncias ante el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación. La estructura B410 hizo negocios con al menos 21 contribuyentes, entre ellos cinco constructoras, facturando al Estado más de Q4,859 millones.
Los Medios de Comunicación también publicaron un artículo indicando que la red de defraudación podría estar vinculada a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y cercano al expresidente Alejandro Giammattei. Entre las empresas figura Asfaltos y Petróleos de Guatemala (Aspetro), presuntamente relacionada con Martínez.
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