“¡Se retira ahorita!”: Diputado Inés Castillo expulsa al PGN durante citación
El diputado Inés Castillo ha pedido públicamente la renuncia de Julio Saavedra, procurador general de la Nación, alegando negligencia en su manejo del caso de la terminal de contenedores APM Terminals.
Esta demanda se produjo seis días después de una intensa discusión sobre el tema y menos de 24 horas después de que una sala confirmó la nulidad del contrato de la empresa en la Portuaria Quetzal. Castillo, durante una conferencia de prensa, criticó duramente a Saavedra.
"Si tiene un poco de dignidad y respeto al pueblo de Guatemala, que renuncie al cargo, por negligente, por incapaz, por no procurar un caso de intereses para el pueblo de Guatemala", expresó Castillo.
Así se pronunció Inés Castillo sobre la labor del procurador general de la Nación
Castillo sostiene que Saavedra no actuó con la diligencia necesaria en el caso, a pesar de que el procurador había informado previamente que se habían tomado las acciones correspondientes.
El diputado considera que Saavedra debió denunciar a los jueces que, en su opinión, habían demorado la resolución de nulidad, lo que llevó a una acalorada discusión el pasado 5 de junio, resultando en la expulsión de Saavedra.
Karla Gutiérrez - La acalorada discusión entre el diputado Inés Castillo y el procurador general de la Nación propició que este último se retirara de la reunión
Nulidad absoluta
El lunes 10 de junio, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ratificó una resolución que declara la nulidad absoluta del contrato de usufructo oneroso, así como sus modificaciones y el convenio de operaciones suscritos con APM Terminals Quetzal, Sociedad Anónima.
Las partes involucradas ya fueron notificadas y el titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) declaró que esto
pone fin a toda la controversia suscitada en torno a este caso".
También recordó que esta resolución fue resultado de una acción presentada por su entidad.
Esto significa que se concluyeron todos los recursos o impugnaciones que se habían presentado contra la sentencia que resolvió el caso. Ya no hay ningún recurso pendiente y habrá que cumplir con lo que fue resuelto en esa sentencia"
afirmó durante una entrevista en un medio radiofónico.
La Portuaria Quetzal también emitió un comunicado en el que señala que:
tomará las acciones necesarias para minimizar el impacto en el comercio marítimo internacional".
Los problemas legales
En abril de 2016, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti enfrentaron un nuevo proceso penal relacionado con el Caso TCQ.
Este caso se centra en un presunto negocio fraudulento para la modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que involucró a la empresa española Transportes de Contenedores de Barcelona (TCB).
TCB creó una filial en Guatemala, Transportes de Contenedores Quetzal (TCQ), que posteriormente se convirtió en APM Terminals Quetzal, S. A.
El negocio incluyó ofrecer a TCB la concesión y usufructo de una parte del puerto Quetzal en Escuintla, con el objetivo de desarrollar una plataforma moderna que eventualmente quedaría en propiedad del Estado de Guatemala, específicamente de la EPQ.
Sin embargo, se descubrió que Pérez Molina y Baldetti habrían coordinado el pago de sobornos para facilitar los trámites legales a TCQ y evitar problemas con los sindicalistas y la justicia.
Se mencionó en su momento que las coimas podrían haber alcanzado hasta 30 millones de dólares (Q232.8 millones). Varias personas están detenidas por este caso.
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