El Juzgado de Trata de Personas resolvió que el expediente por presuntas adopciones irregulares en la que podría estar vinculada la exfiscal general Consuelo Porras debe regresar a la fase de investigación. La decisión declaró con lugar la oposición presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra el archivo del caso, que se mantiene bajo reserva judicial.
La PGN buscaba dejar sin efecto la audiencia de desestimación del 13 de mayo, en la que se había argumentado que la denuncia debía archivarse por haber sido presentada por la abogacía del Estado. La procuraduría sostuvo que la fiscalía basó el archivo en un error, pues la denuncia no es solo contra Porras, sino contra quienes resulten responsables, e indicó que se dejó de investigar a intermediarios, notarios y funcionarios.
Según las audiencias, el expediente pasó a la Fiscalía contra la Trata de Personas el 5 de junio y esta se mostró conforme con la petición de la PGN. El caso se refiere a adopciones de los años 80. El fiscal general, Gabriel García Luna, había confirmado el 25 de septiembre que seguía vigente la investigación y que contaba con un fiscal especial. La reapertura no implica una conclusión sobre responsabilidades.
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