Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tomó la decisión de suspender el pago de salarios a cuatro magistrados titulares vinculados a un proceso penal por la adquisición de un programa informático utilizado en las elecciones generales de 2023. Este caso ha sido señalado por la comunidad internacional como una persecución política. Cabe destacar que la decisión de Alfaro no está respaldada por una orden judicial.
De los cinco magistrados titulares del TSE, Alfaro es la única que no está procesada judicialmente y ha implementado varios cambios en el organismo, incluyendo destituciones de directores y la entrega del padrón electoral al Ministerio Público (MP), aunque sin la debida autorización judicial. Medios de comunicación revelaron que las órdenes no justificaban dicha entrega, y el MP ha solicitado que se tomen medidas contra Alfaro por su acción.
Suspensión de salarios
Desde abril pasado, Alfaro decidió suspender los salarios de los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, tras una modificación en las medidas sustitutivas por la Sala Primera de Apelaciones. Inicialmente, la jueza Karen Chinchilla les había otorgado medidas sustitutivas, permitiéndoles seguir en sus cargos, pero bajo arraigo, con la obligación de presentarse al MP y pagar una caución de Q100 mil.
Sin embargo, el MP apeló esta decisión, y la Sala Primera aumentó la caución a Q700 mil y prohibió a los magistrados comunicarse con empleados o presentarse en las sedes del TSE, impidiéndoles así ejercer sus funciones. Alfaro actuó en concordancia con esta resolución y decidió suspender sus salarios sin ninguna orden judicial que la obligara a hacerlo.
Desde entonces, los pagos de salarios, combustible y prestaciones de los magistrados están suspendidos.
Alfaro
Medios de comunicación intentaron obtener una respuesta de Alfaro sobre esta situación, pero el personal del TSE indicó que no estaba disponible para declaraciones. Se ofreció programar una entrevista, pero no se ha fijado una fecha hasta el cierre de esta edición.
Pacto Colectivo
El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del TSE establece en su artículo 31, titulado "Asuntos de Carácter Judicial", que los magistrados deben seguir recibiendo su salario durante ciertos procesos judiciales, incluyendo detenciones simples o arrestos con medidas sustitutivas.
Retiro de seguridad
Además, Alfaro retiró el esquema de seguridad que protegía a los magistrados desde 2020, consistente en tres agentes de seguridad. Según el Ministerio de Gobernación, los magistrados Palencia, Aguilera y Rojas contaban con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados para su protección.
El proceso electoral de 2023 estuvo marcado por resoluciones judiciales y diligencias del MP. Alfaro y Aguilera denunciaron recibir amenazas, y Palencia solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras ser objeto de seguimientos.
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