La iniciativa busca sancionar a empresas de cobranza abusiva y prestamistas “gota a gota” con multas, prisión y regulación de intereses.

El Ejecutivo advierte que el país podría enfrentar sanciones financieras internacionales si no moderniza su legislación.

El presidente advierte que Guatemala podría entrar a la lista gris si no se aprueba la normativa.