Resulta increíble lo que estamos viviendo. El Congreso de la República aprobó una exoneración temporal del IVA y del IDP a los combustibles, una medida que busca aliviar el precio que paga el consumidor. Sin embargo, mientras esa normativa completa el proceso para entrar en vigencia, los guatemaltecos seguimos viendo precios que golpean directamente nuestros bolsillos.
Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué cuando el petróleo sube, el incremento parece sentirse inmediatamente, pero cuando las condiciones internacionales cambian o el precio comienza a ceder, esa reducción tarda tanto en llegar al consumidor?
Esa es una explicación que las empresas distribuidoras y las autoridades encargadas de supervisar el mercado deberían dar con absoluta claridad.
Durante las últimas semanas hemos escuchado que el conflicto internacional, los problemas de suministro y la incertidumbre en los mercados justificaban fuertes aumentos. Ahora existen señales distintas y expectativas de posibles avances diplomáticos en el escenario internacional. Entonces, ¿cuándo verá realmente el guatemalteco un alivio en su bolsillo?
El ciudadano siente que cada día debe pagar más por movilizarse, trabajar, producir y llevar alimentos a su hogar. Y ante eso, muchas veces la única herramienta que tiene es su teléfono para documentar, denunciar y hacer visible lo que está ocurriendo.
También debemos exigir que las instituciones responsables fiscalicen.
No basta con aprobar una ley. Hay que asegurarse de que el beneficio llegue verdaderamente al consumidor.
El Decreto 22-2026 establece precisamente que la exoneración sea trasladada al precio final de los combustibles y contempla controles sobre su cumplimiento. Esa fiscalización será fundamental para evitar que una medida aprobada bajo el argumento de beneficiar a la población termine sin sentirse en el bolsillo de las familias.
Mientras tanto, miles de guatemaltecos hacen cuentas todos los días para comprar combustible, pagar transporte, llevar comida a casa y cumplir con sus impuestos.
Y ahí nace buena parte de la indignación ciudadana.
Desde mi perspectiva, existe una enorme distancia entre las preocupaciones cotidianas de quienes gobiernan y la realidad de una población que siente que cada vez puede comprar menos con lo que gana. La clase media y los sectores de menores ingresos son quienes sienten con mayor fuerza cualquier incremento en productos esenciales.
Por eso también debemos preguntarnos dónde están las instituciones cuando el ciudadano necesita respuestas.
¿Dónde está el Ministerio de Energía y Minas?
¿Dónde está la DIACO?
¿Dónde están quienes deben vigilar que no existan abusos?
Guatemala necesita instituciones presentes, explicaciones claras y resultados que puedan comprobarse.
El pueblo está cansado de promesas electorales que luego parecen desaparecer cuando los funcionarios llegan al poder. Cada cuatro años vemos candidatos recorriendo comunidades, escuchando problemas y asegurando que comprenden las necesidades de la población. Pero cuando alcanzan los cargos públicos, demasiados ciudadanos sienten que esa cercanía desaparece.
Ese alejamiento explica buena parte del desencanto con la política.
No podemos normalizar que vivir dignamente sea cada vez más difícil.
No podemos acostumbrarnos a que llenar un tanque, comprar alimentos o trasladarse al trabajo se convierta en una preocupación constante.
Y tampoco podemos aceptar que una decisión aprobada supuestamente para ayudar al consumidor termine perdiéndose entre trámites, falta de vigilancia o intereses particulares.
Ya basta.
Guatemala necesita autoridades que escuchen y empresas que comprendan que detrás de cada precio hay familias haciendo enormes esfuerzos para llegar a fin de mes.
El ciudadano tiene derecho a preguntar, exigir transparencia y denunciar aquello que considere injusto.
Porque un pueblo cansado también es un pueblo que exige respuestas.
Detrás del escritorio | Marlon Rosales
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