¿EN SERIO, QUÉ NOS PASA?
Por Marlon Rosales | Detrás del escritorio
Guatemala es un país pluricultural, multilingüe y multiétnico. Eso nos convierte en una nación con una extraordinaria diversidad de culturas, costumbres y tradiciones. Pero estas no pueden convertirse en una justificación para que, bajo su amparo, se violen las leyes que nos rigen a todos.
Hoy quiero iniciar, desde este escritorio, un escrutinio público sobre un caso que, desde el primer momento en que tuve conocimiento de él, me horrorizó por lo que considero graves atentados contra nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestra democracia y los principios que deberían regir nuestra convivencia.
Una historia de injusticias que no podemos ignorar
Durante siglos, nuestros pueblos ancestrales sufrieron opresión y violaciones a sus derechos. Fueron víctimas de persecución, discriminación e incluso de episodios de violencia que terminaron con comunidades enteras.
Toda una barbarie cometida por autoridades de épocas pasadas.
Aquellas heridas dejaron odio, resentimiento y rivalidades, incluso entre poblaciones vecinas y diferentes grupos étnicos.
A esto se sumó el surgimiento de la población criolla, cuyos sectores dominantes, respaldados en distintas etapas históricas por fuerzas armadas, también cometieron injusticias contra nuestros hermanos de los pueblos originarios.
No podemos negar esa historia ni minimizar el sufrimiento de quienes fueron víctimas de semejantes abusos.
Pero hemos avanzado, al menos en teoría, hacia un Estado de derecho que nos ha costado muchísimo construir.
Logramos establecer un sistema democrático que, sobre el papel, nos reconoce igualdad de derechos y obligaciones.
Ya no debería haber ciudadanos de primera ni de segunda categoría.
Todos somos iguales ante la ley.
Reitero: esto está escrito en nuestras leyes, aunque muchas veces pareciera que en la práctica seguimos muy lejos de cumplirlo.
Santiago Atitlán: un caso que me dejó horrorizado
Hoy quiero referirme a una situación que ocurre en el departamento de Sololá, específicamente en Santiago Atitlán.
Confieso que, cuando me enteré de lo sucedido, inicialmente no quise creer que algo de semejante magnitud pudiera ocurrir ante los ojos de las autoridades.
Santiago Atitlán es un hermoso y pintoresco municipio turístico ubicado a orillas del lago de Atitlán.
Es una comunidad llena de historia, tradiciones, folclore y extraordinarios artistas de la plástica.
Sin embargo, ese bello lugar se convirtió en escenario de acontecimientos que, desde mi perspectiva, representan una preocupante señal para nuestra democracia.
Todos conocimos las noticias sobre las agresiones que sufrió el entonces alcalde Francisco Coché Pablo, quien estuvo expuesto a una situación de extrema violencia cuando participaba en una reunión relacionada con la crisis política que atravesaba el municipio.
Los hechos se desarrollaron entre la noche del 1 de julio y la madrugada del 2 de julio de 2026.
El alcalde resultó herido y tuvo que ser evacuado para recibir atención médica.
Durante los disturbios también se reportaron otras personas lesionadas y el incendio de un inmueble.
Según las versiones conocidas, el conflicto tenía como antecedente el enfrentamiento entre la administración municipal y sectores de la comunidad que exigían la salida del alcalde, a quien señalaban por presuntos actos de corrupción.
Las autoridades ancestrales del pueblo maya Tz'utujil habían participado en las solicitudes de destitución y en las movilizaciones de rechazo a su gestión.
Pero aquí es donde quiero detenerme.
¿Desde cuándo la inconformidad con una autoridad nos da derecho a recurrir a la violencia?
¿Desde cuándo un señalamiento de corrupción, que debe investigarse y demostrarse ante las instituciones correspondientes, puede convertirse en justificación para agredir a una persona?
No estoy defendiendo actos de corrupción ni estoy afirmando que el alcalde haya sido un funcionario ejemplar.
Estoy defendiendo algo mucho más importante: el derecho de cualquier guatemalteco a enfrentar acusaciones mediante procedimientos legales, sin violencia y con garantías de defensa.
¿Quién tiene realmente la autoridad?
Después de aquellos acontecimientos, decidí indagar sobre lo sucedido, porque considero que este caso no puede pasar desapercibido.
La disputa alcanzó dimensiones que, a mi juicio, resultan verdaderamente alarmantes.
Francisco Coché Pablo había llegado a la alcaldía mediante un proceso electoral. Sin embargo, su permanencia en el cargo fue cuestionada por sectores de la población que denunciaron presuntas irregularidades durante su administración.
El conflicto dio lugar a decisiones del Tribunal Supremo Electoral, recursos judiciales y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.
Actualmente, Andrés Ajuchán Coó, quien había ocupado la primera concejalía de la misma corporación municipal, ejerce las funciones de alcalde.
El problema, desde mi punto de vista, no consiste únicamente en quién ocupa la alcaldía.
Lo verdaderamente preocupante es la manera en que una disputa política e institucional terminó acompañada de graves hechos de violencia.
Me inquieta profundamente la capacidad de respuesta del Estado cuando una comunidad llega a niveles de confrontación semejantes.
¿Dónde están las autoridades responsables de garantizar el orden?
¿Dónde están las instituciones encargadas de proteger la vida y los derechos de todos los ciudadanos?
¿Quién responde cuando una persona es agredida durante un conflicto político?
Y, sobre todo, ¿qué garantías tiene cualquier guatemalteco de que las diferencias políticas serán resueltas mediante la ley y no mediante la fuerza?
No podemos permitir que la violencia termine convirtiéndose en una herramienta para resolver disputas sobre el ejercicio del poder.
El respeto a las autoridades ancestrales y el Estado de derecho
Quiero ser muy claro en algo.
Reconozco la importancia histórica, cultural y social de las autoridades ancestrales de nuestros pueblos indígenas.
Sus tradiciones, sus formas de organización y su participación en la vida comunitaria merecen respeto.
También considero legítimo que cualquier población exija transparencia, fiscalización y rendición de cuentas a sus gobernantes.
Pero una cosa es ejercer esos derechos y otra muy distinta es tolerar actos de violencia.
Ninguna autoridad, municipal, nacional o ancestral, debería estar por encima de la Constitución y de las leyes de Guatemala.
Ese principio debe aplicarse para todos.
No podemos condenar los abusos del pasado y, al mismo tiempo, justificar conductas violentas en el presente.
Tampoco podemos permitir que las diferencias culturales se utilicen como excusa para desconocer los derechos fundamentales de las personas.
Las comunidades tienen derecho a manifestarse, organizarse y exigir cambios.
Los funcionarios tienen la obligación de responder ante la ley por sus actuaciones.
Y las instituciones del Estado tienen el deber de garantizar que esos procesos se desarrollen sin amenazas ni agresiones.
Una resolución judicial que merece ser analizada
Otro aspecto que me preocupa es la intervención de la Corte de Constitucionalidad.
En julio, la Corte dejó sin efecto el amparo provisional que había permitido a Francisco Coché Pablo continuar temporalmente en el cargo, restableciendo los efectos de la decisión del Tribunal Supremo Electoral que dio paso al cambio de autoridades municipales.
Posteriormente, la Corte también conoció nuevas actuaciones vinculadas con el conflicto y la necesidad de prevenir hechos de violencia.
Es importante aclarar que la revocatoria de aquella protección provisional no constituía, por sí sola, una sentencia definitiva sobre todos los aspectos del proceso.
Sin embargo, sigo preguntándome si las instituciones están respondiendo de manera suficiente a las circunstancias que rodearon esta crisis.
Porque una cosa es resolver jurídicamente una controversia sobre quién debe ejercer la alcaldía y otra muy distinta es garantizar que se investiguen los actos de violencia.
La legalidad de un procedimiento administrativo no puede servir para justificar agresiones contra ninguna persona.
Tampoco pueden ignorarse las denuncias de corrupción que dieron origen a la inconformidad ciudadana.
Todo debe investigarse, pero dentro del marco legal.
Esa es, precisamente, la esencia del Estado de derecho.
¿Qué mensaje estamos enviando al país?
Lo ocurrido en Santiago Atitlán me genera una profunda preocupación por el precedente social que podría dejar.
Me han comentado que en otras comunidades existen personas inconformes con sus alcaldes que observan lo sucedido como un posible ejemplo para impulsar cambios en sus propios municipios.
No puedo afirmar que esas intenciones representen a comunidades enteras ni que necesariamente vayan a concretarse.
Pero el simple hecho de que alguien pudiera considerar la violencia como una alternativa para resolver conflictos políticos debería encender nuestras alarmas.
¿Qué sucedería si cada municipio decidiera que puede destituir a sus autoridades mediante la presión y la violencia, sin respetar los procedimientos establecidos?
¿Qué pasaría si cada grupo que se siente inconforme con una elección decidiera imponer su voluntad por la fuerza?
¿Dónde quedaría el voto ciudadano?
¿Dónde quedarían las instituciones?
¿Y dónde quedarían los derechos de las personas que piensan diferente?
A mí me aterra imaginar una Guatemala en la que cada comunidad pretenda resolver sus diferencias políticas de esa manera.
No porque desconozca el derecho de los pueblos a organizarse, sino porque considero que ninguna sociedad puede avanzar si deja de respetar los derechos fundamentales de todos sus integrantes.
Una democracia que debemos defender
Santiago Atitlán sigue siendo uno de los lugares más hermosos de Guatemala y su población merece vivir en paz, con seguridad y con autoridades que respondan a sus necesidades.
Pero justamente por eso considero indispensable esclarecer los hechos ocurridos, determinar responsabilidades y garantizar que las diferencias políticas no vuelvan a desembocar en agresiones.
Quienes denunciaron presuntos actos de corrupción tienen derecho a que sus señalamientos sean investigados.
Quienes fueron víctimas de violencia tienen derecho a exigir justicia.
Y quienes ejercen funciones públicas deben responder ante las instituciones cuando existan motivos legales para hacerlo.
La ley debe ser igual para todos. Sin privilegios, sin excepciones y sin importar a qué grupo, comunidad o sector pertenezcamos.
Guatemala ha sufrido demasiado a lo largo de su historia como para permitir que la violencia vuelva a convertirse en una manera de imponer decisiones.
Hemos vivido persecuciones, enfrentamientos, discriminación, abusos y enormes injusticias.
Precisamente por eso deberíamos ser los primeros en defender el respeto a la vida, la dignidad humana y el debido proceso.
Lo que sucede en Santiago Atitlán no debería verse únicamente como un problema municipal.
Para mí, es una advertencia sobre los desafíos que enfrenta nuestro sistema democrático y sobre la obligación que tienen nuestras instituciones de actuar oportunamente.
En próximas entregas continuaré abordando este caso, porque considero que todavía existen muchas preguntas que deben responderse.
No podemos acostumbrarnos a la violencia.
No podemos guardar silencio cuando las instituciones parecen incapaces de resolver conflictos que amenazan la convivencia.
Y mucho menos podemos permitir que nuestras diferencias culturales, políticas o sociales se conviertan en motivo de enfrentamiento.
¿En serio, qué nos pasa?
¿Tanto nos ha costado construir una democracia para que ahora permitamos que se debilite ante nuestros propios ojos?
Ojalá estemos a tiempo de reaccionar.
Porque Guatemala necesita justicia, respeto, instituciones fuertes y ciudadanos que comprendan que ninguna causa puede justificar la violencia.
Y, sobre todo, necesita que volvamos a creer en algo que parece tan sencillo, pero que nos ha costado tanto alcanzar:
Que todos somos iguales ante la ley.
Marlon Rosales
Detrás del escritorio
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