Sus declaraciones surgieron luego de cuestionar la actuación del fiscal Jorge Luis Cortés Rosales durante una audiencia relacionada con el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo. El jefe del MP confirmó que se inició una revisión interna para determinar si corresponde adoptar medidas administrativas.
El fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, reconoció que la institución todavía enfrenta dificultades para implementar los cambios promovidos por su administración, debido a la resistencia de algunos trabajadores que continúan aplicando criterios que, según su evaluación, no corresponden a la nueva política institucional.
Las declaraciones fueron conocidas este 12 de noviembre de 2026, en medio de cuestionamientos relacionados con la actuación de un fiscal durante una audiencia judicial del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo.
García Luna utilizó el término «minas» para referirse a las actuaciones internas que podrían obstaculizar la transformación del Ministerio Público después de los ocho años de gestión de María Consuelo Porras.
El funcionario explicó que, aunque una parte importante del personal está adoptando los nuevos lineamientos, todavía existen actuaciones que considera contrarias a los principios constitucionales y procesales que su administración busca fortalecer.
Una audiencia que generó cuestionamientos
La controversia surgió durante una audiencia relacionada con el caso Alfa 7, uno de los procesos judiciales que enfrenta el exfiscal Stuardo Campo.
En esa diligencia, la defensa solicitó modificar las medidas sustitutivas impuestas a Campo, con el objetivo de ampliar determinadas condiciones de movilidad y levantar otras restricciones.
Sin embargo, el fiscal Jorge Luis Cortés Rosales, integrante de la Fiscalía de Asuntos Internos, se opuso a la solicitud.
Durante su intervención, Cortés Rosales argumentó que persistían riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, además de mencionar la existencia de otros procesos penales contra el exfuncionario.
Aunque no solicitó expresamente que Campo regresara a prisión preventiva por ese expediente, consideró que las restricciones debían mantenerse.
García Luna cuestiona los argumentos presentados
El fiscal general manifestó su desacuerdo con la intervención de Jorge Luis Cortés Rosales, al considerar que los argumentos presentados no correspondían directamente al propósito de la audiencia.
Según García Luna, la diligencia tenía como finalidad revisar las condiciones de las medidas sustitutivas y no resolver nuevamente sobre la procedencia de la prisión preventiva.
El jefe del Ministerio Público sostuvo que las actuaciones de los fiscales deben mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Procesal Penal.
Asimismo, reiteró que la prisión preventiva debe aplicarse conforme a los requisitos legales y no utilizarse de manera desproporcionada.
Esta postura forma parte de los criterios que la actual administración asegura estar implementando para revisar el uso de las medidas de coerción dentro de los procesos penales.
Fiscal Jorge Luis Cortés Rosales está bajo revisión
Tras conocer lo ocurrido durante la audiencia, el Ministerio Público recibió un informe y realizó entrevistas para examinar la actuación de Cortés Rosales.
García Luna confirmó que el caso se encuentra bajo un protocolo de revisión interna, destinado a determinar si la intervención del fiscal se ajustó a las normas y lineamientos institucionales.
No obstante, aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre posibles sanciones administrativas o una eventual destitución.
El fiscal general también indicó que estos mecanismos de supervisión deben aplicarse a todas las fiscalías, sin limitarse a los expedientes que reciben mayor atención pública.
El objetivo anunciado es establecer criterios uniformes de actuación para los trabajadores del Ministerio Público.
Antecedentes del fiscal durante la administración anterior
La trayectoria de Jorge Luis Cortés Rosales ha generado cuestionamientos por su participación en procesos judiciales contra antiguos operadores de justicia.
Entre los expedientes en los que intervino se encuentran actuaciones relacionadas con la exfiscal Paola Pimentel, posteriormente declarada inocente, y la abogada Claudia González, quien trabajó para la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
También participó en decisiones de desestimación de denuncias relacionadas con los exfiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales, figuras que fueron objeto de sanciones internacionales por señalamientos vinculados con sus actuaciones dentro del Ministerio Público.
Estos antecedentes forman parte del debate sobre la necesidad de revisar las prácticas institucionales desarrolladas durante la administración de Consuelo Porras.
Sin embargo, la participación de un fiscal en investigaciones anteriores no constituye, por sí sola, prueba de responsabilidad administrativa o penal.
La situación judicial de Stuardo Campo
El exfiscal Stuardo Campo dirigió la Fiscalía contra la Corrupción desde 2016 y participó en investigaciones de alto impacto, entre ellas expedientes relacionados con el Libramiento de Chimaltenango.
Durante la administración de Consuelo Porras fue trasladado a otra dependencia del Ministerio Público y posteriormente enfrentó diferentes procesos penales.
En el caso Alfa 7, Campo fue absuelto inicialmente por un tribunal, aunque una Sala de Apelaciones ordenó repetir el juicio.
Su defensa presentó un recurso de casación que permanece pendiente de resolución.
En este expediente, Campo cuenta con medidas sustitutivas, pero continúa privado de libertad por el caso Zolic, en el que se encuentra bajo prisión preventiva.
También enfrenta un procedimiento relacionado con el Libramiento de Chimaltenango.
Organismos internacionales han cuestionado su detención
La situación judicial de Stuardo Campo también ha generado pronunciamientos internacionales.
En julio de 2026, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó que su privación de libertad era arbitraria e instó al Estado de Guatemala a adoptar medidas para garantizar su liberación.
Posteriormente, el 6 de noviembre, diez organizaciones internacionales expresaron preocupación por la continuidad de su encarcelamiento.
Las entidades señalaron que Campo permanecía en prisión preventiva dentro del caso Zolic, mientras otras personas procesadas en el mismo expediente contaban con medidas sustitutivas.
Estos pronunciamientos forman parte de las discusiones sobre las garantías procesales y el uso de la prisión preventiva en Guatemala.
La situación jurídica del exfiscal continúa sujeta a las resoluciones de los tribunales competentes.
La transformación del Ministerio Público sigue en proceso
Gabriel García Luna asumió la dirección del Ministerio Público en mayo de 2026, después de la conclusión de los dos períodos de Consuelo Porras al frente de la institución.
Desde entonces, la nueva administración ha anunciado una revisión de procedimientos, criterios de persecución penal y actuaciones desarrolladas durante la gestión anterior.
El fiscal general reconoció que estos cambios todavía no se han consolidado completamente y que persisten desafíos dentro de las áreas fiscales, técnicas y administrativas.
No obstante, defendió el trabajo realizado durante los primeros meses de su gestión y sostuvo que una actuación individual no debe utilizarse para evaluar la totalidad del proceso de transformación.
El desafío de fortalecer la independencia y la legalidad
La controversia relacionada con el fiscal Jorge Luis Cortés Rosales plantea interrogantes sobre la aplicación uniforme de los criterios jurídicos dentro del Ministerio Público.
Para la actual administración, uno de los principales desafíos consiste en garantizar que las decisiones de los fiscales se fundamenten en la legislación y respeten los derechos de las personas sometidas a investigación.
Al mismo tiempo, cualquier revisión disciplinaria debe desarrollarse mediante procedimientos que garanticen el debido proceso a los funcionarios involucrados.
La revisión de la actuación de Cortés Rosales todavía no representa una resolución definitiva ni establece que haya cometido una falta administrativa o un delito.
Mientras continúa el proceso, el fiscal general Gabriel García Luna reconoce que la renovación del Ministerio Público enfrenta resistencias internas y que su administración deberá demostrar, mediante decisiones y resultados verificables, el alcance de los cambios anunciados.
El desarrollo de esta revisión será importante para conocer cómo se aplicarán los nuevos lineamientos y qué medidas adoptará la institución frente a las actuaciones que considere incompatibles con su política de persecución penal.
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