Presupuesto 2027: Una traición para las nuevas generaciones.
Por Edmond Mulet
Guatemala no puede seguir comprometiendo su futuro con presupuestos desfinanciados cada vez más grandes, mientras las necesidades de la población continúan sin resolverse.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027, por Q192 mil millones, plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad fiscal, las prioridades del gasto público y la capacidad del Estado para administrar eficientemente los recursos de los guatemaltecos.
La aprobación de ese presupuesto por parte de los diputados es una enorme irresponsabilidad que pasará a la historia como un acto de traición, sobre todo frente a generaciones futuras las que deberán pagar las deudas con las que se pretende financiar el porcentaje de funcionamiento, mucho mayor que el de inversión.
No se trata simplemente de cuánto dinero pretende gastar el Gobierno, sino de cómo lo financiará, en qué lo invertirá y qué resultados concretos recibirá la población. Las deudas son aceptables cuando financian proyectos de desarrollo productivo, infraestructura, salud y educación. Pero, como es éste el caso, la deuda irá para pagar salarios y gastos de funcionamiento.
El proyecto contempla un déficit fiscal de aproximadamente Q48 mil millones y un endeudamiento que, según las proyecciones analizadas por el CIEN, podría elevar la deuda pública al 29.4% del PIB. Esto significa trasladar una carga financiera creciente a las próximas generaciones.
Mientras tanto, los “honorables” diputados se aumentan cínicamente sus sueldos a Q66 mil al mes y se otorgan a sí mismos multimillonarias cantidades de dinero sin control ni verificación. En el 2025 los diputados recibieron 30 millones cada uno, este año disponen de 50 millones cada uno y el presupuesto para el 2027 incluye 75 millones para cada uno. Una ridícula e insostenible progresión geométrica. Los diputados son insaciables con los recursos públicos.
No es responsable pedirle más sacrificios al país sin garantizar primero transparencia, eficiencia y resultados.
Guatemala necesita un presupuesto que responda a las prioridades nacionales, no uno que aumente el gasto sin suficientes garantías de fiscalización, evaluación y rendición de cuentas, y mucho menos que los dineros vayan a los bolsillos de los legisladores.
El dinero público no pertenece al Gobierno ni a los diputados: pertenece a los ciudadanos que pagan impuestos y merecen saber cómo se utiliza cada quetzal.
El Congreso tiene la responsabilidad de examinar este proyecto con rigor, corregir sus debilidades y garantizar que el presupuesto esté al servicio de Guatemala y no de intereses políticos ni de la corrupción.
El futuro del país no puede seguir financiándose con deuda, promesas y presupuestos crecientes. Guatemala necesita responsabilidad, transparencia y resultados.
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