Antes del 20 de octubre de 1944 ocurrió una serie de sucesos sociales que se opusieron a las medidas represivas de Jorge Ubico y Federico Ponce Vaides. Esa fecha conmemora los ideales de los dirigentes militares, cívicos y estudiantiles que instauraron la democracia a través de los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz Guzmán.
La unión de distintos sectores en un solo bloque contra los desmanes dictatoriales permitió fortalecer a la población para pedir la renuncia de Ubico y derrocar a su sucesor, Federico Ponce Vaides.
La juventud universitaria, durante la dictadura de Ubico, había sido fuertemente agredida. Sin embargo, en 1944, se empoderó para demandar al gobierno cambios académicos y sociales.
Además de exigir reformas en la universidad, los estudiantes pronto tuvieron la valentía de expresar el sentir de la sociedad en rechazo a la dictadura, mediante la organización de manifestaciones.
“Los estudiantes no solamente habían dado el chispazo para que los acontecimientos se desencadenaran, sino regaron con su sangre y su lucha el surgimiento de un nuevo proceso político-social cargado de esperanzas e ilusiones”, afirma Virgilio Álvarez (2014, p. 191).
El movimiento estudiantil resurge
La Universidad de San Carlos de Guatemala había sufrido la represión ubiquista. Uno de los hechos más cruentos ocurrió el 26 de marzo de 1931. Los alumnos sancarlistas habían invitado a estudiantes salvadoreños a la Huelga de Dolores, pero el dictador estaba dispuesto a detener la huelga por medio de la violencia; envió policías que vapulearon a los estudiantes, además muchos de ellos fueron encarcelados.
Contra el clima de represión que se vivía en la universidad y en la sociedad, el movimiento estudiantil surgió con más fuerza y dejó atrás el temor. En 1944 emergía nuevamente el poder de la juventud con el grupo de “Los esquilaches”, conformado por varios estudiantes de Derecho, entre los que estaba Manuel Galich, Mario Méndez Montenegro y Manuel María Ávila.
“Los esquilaches” organizaron distintas actividades de formación cultural, académica y política para que las facultades se integraran y lucharan por objetivos en común.
Como resultado de la unión estudiantil, se realizaron peticiones concretas al Gobierno: el cambio de las autoridades de la Facultad de Medicina, la reforma de los planes de estudios de Farmacia y la destitución del decano y secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Debido a la presión ejercida contra Ubico, este accedió y se obtuvieron los primeros logros para la universidad.
Los fines del movimiento estudiantil se aunaron a los del magisterio y traspasaron los muros de los recintos universitarios para dirigirse hacia una transformación social.
El 21 de junio de 1944 los dirigentes estudiantiles convocaron a una huelga general para dar un ultimátum al Gobierno; en 24 horas debía atender otras demandas universitarias y de dignificación del gremio magisterial. En respuesta, Ubico, el 22 de junio, suspendió las garantías constitucionales y acusó a los manifestantes de nazifascistas.
Pese a la acción despótica, los estudiantes y la población dirigieron una contrarrespuesta a Ubico. El 24 de junio se entregó el Documento de los 311 al Gobierno. El nombre del texto se debe a que igual cantidad de ciudadanos y estudiantes universitarios reclamaron el restablecimiento de las garantías constitucionales y su efectivo cumplimiento.
Además, expresaron que las acusaciones de nazifascistas a los estudiantes por dar vida a una huelga general en realidad respaldaban los ideales democráticos de la población.
Ese mismo día el magisterio y los estudiantes acudieron a un plantón en la sexta avenida y octava calle para continuar la lucha contra la dictadura. El 25 de junio se realizó una nueva manifestación, donde Ubico intentó frenar a la población mediante actos violentos, resultaron heridas y muertas varias personas; entre ellas, la maestra María Chinchilla.
La indignación de los manifestantes era una llamarada irrefrenable. Se había convertido en la lumbre que hacía languidecer el régimen dictatorial de Ubico. El 26 de junio organizaron otra huelga general en la que participaron obreros, comerciantes y pequeños propietarios.
El movimiento estudiantil, magisterial y civil obtuvo un primer logro contra los desmanes políticos: Jorge Ubico, ante la presión ciudadana, renunció el 1 de julio de 1944.
Derrocamiento de Federico Ponce Vaides
Los resabios dictatoriales se negaban a desaparecer. Después de la renuncia de Ubico, un triunvirato militar tomó el poder y eligió como presidente provisorio a Federico Ponce Vaides en sesión del 4 de julio de 1944, quien buscaba perpetuarse en el cargo, al igual que su antecesor.
Durante julio los sancarlistas requirieron mediante un documento demandas académicas y sociales, como la autonomía universitaria y el cumplimiento de los derechos de la población.
Los requerimientos nunca fueron atendidos y el gobernante empezó a ejecutar acciones violentas. Varios dirigentes revolucionarios fueron víctimas de represión policial, exilio y encarcelamiento.
Contra la nueva dictadura se estaba articulando un grupo de militares y estudiantes revolucionarios. El 20 de octubre de 1944 se produjeron levantamientos armados en distintos puntos de la ciudad, el Palacio Nacional, el Castillo de Matamoros y el Castillo de San José. Tras horas de combate, los defensores del gobierno se rindieron.
Después del derrocamiento de Federico Ponce Vaides, la Junta Revolucionaria, conformada por Jacobo Árbenz Guzmán, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello Garrido dirigió el país del 20 de octubre de 1944 al 15 de marzo de 1945.
Primer gobierno democrático
En el ejercicio de sus derechos ciudadanos, la población civil pudo integrar partidos políticos. De tal cuenta, surgió el Partido Nacional Renovador, conformado principalmente por maestros; y el Frente Popular Libertador, compuesto por estudiantes y profesionales. El primero propuso a Juan José Arévalo como candidato presidencial.
La población había protagonizado una nueva etapa en la historia del país, en la que podría decidir quiénes serían sus gobernantes. “El movimiento cívico-militar del 20 de octubre de 1944 al derrocar a la última dictadura del liberalismo, permitió que el pueblo pudiera organizarse en partidos políticos, sindicatos, asociaciones gremiales y culturales, y en otras entidades representativas de diversos sectores de la sociedad, iniciándose así un cambio que posibilitaba el ejercicio de los derechos ciudadanos” (Cazali, 2010, p. 305)
Arévalo era un destacado profesional que obtuvo el título de profesor de enseñanza secundaria y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación en 1934. Los estudios de educación superior los cursó en la Universidad de La Plata, Argentina.
Ante la crítica situación educativa del país, en la que los estudios estaban restringidos a un limitado número de personas, Arévalo trabajó por la dignificación de los profesores con la Ley de Escalafón del Magisterio Nacional, para estimular la superación económica de los maestros.
Galich (2015, p. 171) expone que durante el gobierno de Arévalo el presupuesto para la educación pública superó más de la mitad del total que designaba Ubico. Destinó 7 millones para la construcción de escuelas; para 1953, existían 4000 escuelas y 11,000 maestros titulados.
El acceso a la educación pública se acrecentó con las escuelas tipo federación. Del reducido número de estudiantes que eran permitidos en las escuelas públicas por Ubico, un cuarto de millón ya se encontraba inscrito a finales del gobierno de Arévalo.
La esposa del presidente apoyó a las madres trabajadoras y a la infancia. Con sus propuestas, se instauraron guarderías nacionales que funcionaban ocho horas, se crearon comedores infantiles y un hospital infantil en Puerto Barrios.
Fueron implementadas múltiples iniciativas culturales y académicas, como el Ballet Guatemala; Coro Guatemala; el Certamen Permanente de Ciencias, Artes y Letras 15 de Septiembre; el Instituto Indigenista; y el Instituto de Antropología e Historia.
Entre las principales normativas promulgadas durante su periodo presidencial están las siguientes: Ley Monetaria, Ley Orgánica de la USAC, Ley de Bancos, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Código de Trabajo y Ley Provisional de Sindicatos.
Soberanía y desarrollo
El gobierno de Jacobo Árbenz (1951-1954) tenía como objetivos principales recuperar la soberanía mediante la supresión de los monopolios estadounidenses de la producción de banano, ferrocarriles, muelles y energía eléctrica.
Como parte de su plan para obtener la independencia y desarrollo económico del país, fue construida la carretera al Atlántico, se inauguró el puerto nacional en la costa atlántica y la hidroeléctrica nacional Jurún Marinalá. En marzo de 1953, continuó edificando obras, como las carreteras de Retalhuleu-Champerico, Popoyá-Río Nahualate y, de este último, al río Nil.
Contra el anticuado sistema agrario, se propuso poner en práctica la Reforma Agraria. La misma pretendía beneficiar a la mayoría de la población y permitir que la economía avanzara, al poner a producir las tierras ociosas y modernizar el sistema agrario.
Con la Reforma Agraria, el gobierno expropiaría con indemnización a los propietarios de tierras ociosas para nacionalizarlas y darlas en usufructo o arrendamiento a los campesinos; de esta manera, podrían trabajar la tierra y superarse económicamente.
El Estado, al ser propietario de las tierras, evitaría que fueran fácilmente expropiadas por los dueños anteriores. Sin embargo, los terratenientes previeron la amenaza que ello representaba para sus intereses individualistas y manipularon a los campesinos para que exigieran la propiedad de las tierras, según explica Galich (2015, p. 368).
Los terratenientes expusieron al Gobierno que, si se les daban en propiedad las tierras a los campesinos, entonces sí accederían a cumplir la Reforma Agraria. Por consiguiente, la legislación final estableció que se les daría en propiedad a los campesinos extensiones no mayores de 25 manzanas.
Pese a las inconformidades que empezaban a suscitarse por parte de la UFCO y demás terratenientes, que se aferraban a continuar con una economía retrógrada, se obtuvieron importantes logros que pusieron de manifiesto un capitalismo incipiente.
Galich (págs. 430-431) señala que, a los dos años de la presidencia de Árbenz, empezaba a incrementarse la productividad del país y, como resultado, se estaba regenerando la economía. El autor aporta algunas cifras que son prueba de ello.
Se habían producido 100,000 quintales de algodón para satisfacer la demanda interna y de exportación. El maíz también cubría las necesidades internas y empezaban a exportarse 100,000 quintales a El Salvador y México. Se habían exportado 60,000 quintales de arroz, y también se cubría el mercado interno. La producción de trigo alcanzó los 600,000 quintales.
Con la expropiación e indemnización por las tierras ociosas, que anteriormente estaban destinadas para el descanso y recreación de los terratenientes, Galich (p. 379) explica que, hasta el 30 de abril de 1954, el 57 % de esas tierras fueron distribuidas a 78,038 campesinos.
Al referirse a la agenda de gobierno de Árbenz, comenta: “Era una inteligencia dirigida a un solo fin: la solución del problema económico del país, complejo por la tara feudal y por la presencia imperial y matriz de todos los otros, lógicamente insolubles mientras aquel no se abordara adecuadamente” (Galich, 2015, p. 294).
El gobierno de Árbenz implementó reformas que lidiaban contra el imperialismo estadounidense. Según expone Galich, sus postulados eran la “independencia económica de la nación, transformación del país en una nación capitalista y la elevación del nivel de vida del pueblo” (p. 294).
Modernización
De acuerdo con García Ferreira, en el texto “Operaciones en contra: la CIA y el exilio de Jacobo Árbenz”, el presidente tenía una amplia preparación en historia, economía y agricultura, incluso invirtió en la traducción de la obra “Desarrollo del capitalismo en Rusia”, de Lenin (2014, págs. 37 y 38).
Cuando le preguntaban sobre su ideología política, Árbenz respondía que cualquier avance era considerado como de izquierda extrema, debido al atraso del país. En la Revista Actualidades expuso: “Para un país como Guatemala, castigado por más de una centuria de dictaduras feudales, atrasado económica, social, cultural y políticamente, se es de extrema izquierda con solo aspirar a una vida decente y democrática, con solo pensar en el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social” (García, 2014, p. 48).
El avance hacia la reforma agraria para lograr el desarrollo económico del país y dejar atrás el feudalismo no era un paso exclusivo de los gobiernos comunistas, sino de cualquier sistema político.
Árbenz buscó informarse sobre distintos medios para modernizar al país, para lo cual obtuvo la política implementada por Nueva York con respecto a la adquisición de terrenos para carreteras, restricciones públicas sobre propiedades privadas para el uso de carreteras y adquisición pública de terrenos.
Resolver el problema de la tierra era impostergable para obtener un verdadero desarrollo económico. Árbenz era consciente de las consecuencias que tenía la ausencia de la reforma agraria: la productividad del país no alcanzaría su máximo potencial; la población no contaba con recursos para satisfacer sus necesidades más básicas; existía propensión al colonialismo extranjero, por carecer de industria; el país no era dueño de sus recursos ni podía decidir sobre los mismos. Todo ello representaba la imposibilidad del país de insertarse en el mercado capitalista.
Las acciones de Árbenz se centraban en el incremento de la producción agrícola y la implementación de maquinaria para ello, así como la obtención de transporte para trasladar los productos dentro y fuera del país.
Para concretar lo anterior, solicitó un estudio al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, donde se determinó que la mejora de la calidad de vida se obtendría con el incremento de la producción agrícola.
Como antecedente de la redistribución de la tierra se encontraban reformas que fueron más drásticas que la impulsada por Jacobo Árbenz Guzmán. La Ley sobre Reforma Agraria de la República de China, de 1950, no contemplaba la indemnización y penaba los crímenes cometidos por los terratenientes.
Los terratenientes no estaban conformes con la expropiación y la indemnización. De acuerdo con Galich (p. 418), el 4 de marzo de 1953, fueron expropiadas 1859 caballerías mal habidas a la Compañía Agrícola de Guatemala; se les entregaron bonos por 609,572 quetzales, pero interpusieron recursos legales para evitar la expropiación, los cuales no procedieron.
Sin embargo, los intereses económicos de la UFCO serían relevantes para impedir que el país cumpliera la reforma agraria y obtuviera los beneficios que ello conllevaría. El atraso del país era ocasionado por un sistema feudal y el acaparamiento de monopolios estadounidenses en Guatemala, aunado a los intereses de los terratenientes guatemaltecos.
Fuentes de consulta:
· Galich, M. (2015). Por qué lucha Guatemala. Editorial Catafixia.
Álvarez Aragón, Virgilio. (2014). Conventos, aulas y trincheras,volumen I. Editorial Universitaria. Cazali Ávila, Augusto. (2010).
Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala: época republicana (1821-1994). Editorial Universitaria.
García Ferreira, Roberto. (2014). Operaciones en contra: la CIA y el exilio de Jacobo Árbenz. Editorial Serviprensa.
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