La defensa de tres exdiputados condenados dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud presentó acciones con las que busca que se anule la sentencia dictada en su contra y que los exfuncionarios sean absueltos.
Los abogados representan a Aracely Chavarría Cabrera, Ronald Arango Ordóñez y Humberto Leonel Sosa, quienes fueron declarados culpables del delito de tráfico de influencias por el Tribunal de Mayor Riesgo D.
La defensa sostiene que durante el desarrollo del debate se produjeron irregularidades que, a su criterio, afectan la validez de la sentencia. Por esa razón, solicita que se revierta la condena y se dicte una resolución absolutoria.
En caso de que esa petición no sea aceptada, los abogados plantean como alternativa que el juicio sea repetido ante un tribunal diferente, para que nuevamente sean analizadas las pruebas y los argumentos presentados durante el proceso.
Los tres exlegisladores fueron condenados el 3 de agosto de 2026, luego de que el tribunal determinara su responsabilidad penal por tráfico de influencias.
Aracely Chavarría recibió una pena de 7 años y 11 meses de prisión inconmutable, mientras que Ronald Arango fue condenado a 6 años y 4 meses de prisión inconmutable.
En el caso de Humberto Leonel Sosa, el tribunal impuso una pena de 3 años y 9 meses de prisión, conmutable a razón de Q100 diarios.
El proceso se relaciona con gestiones efectuadas durante el período en que los tres ejercieron como diputados. Según la investigación presentada durante el juicio, habrían utilizado su posición para gestionar contrataciones de personas vinculadas a ellos dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Posteriormente, en la audiencia de reparación digna, el tribunal también ordenó medidas adicionales. Entre ellas se estableció un pago de Q101 mil 142.86 para Ronald Arango, mientras que para Chavarría y Sosa se dispuso la publicación de disculpas públicas.
Con la nueva acción presentada por los abogados, el caso entra ahora en una etapa de impugnación en la que deberá determinarse si existen fundamentos jurídicos suficientes para modificar, anular o mantener la sentencia emitida contra los tres exdiputados.
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