El Estado de Sitio en Zacapa e Izabal cumple su quinto día este jueves 19 de noviembre con nuevos operativos. La Policía Nacional Civil (PNC) realiza diez diligencias de allanamiento en la aldea Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), con apoyo de varias comisarías y en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).
Según la PNC, los allanamientos forman parte de las investigaciones por los recientes hechos de violencia en ese municipio y buscan recabar indicios para esclarecer los casos y establecer responsabilidades. Es una de las medidas que permite el decreto, que suspende la exigencia de orden judicial para detenciones y allanamientos.
Foto: PNC
En paralelo, más de 400 agentes de la PNC y del Sistema Penitenciario participan en una requisa en la cárcel de Puerto Barrios, en busca de celulares, armas y otros objetos ilícitos. Según las autoridades, el operativo apunta a desarticular estructuras criminales que presuntamente operan desde el centro carcelario, y algunos reclusos señalados como líderes fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad.
En cumplimiento de las disposiciones establecidas durante el estado de sitio, agentes de la PNC en coordinación con el Ejército de Guatemala, mantienen operativos de seguridad y prevención en el kilómetro 159.5 de la ruta CA-10, en jurisdicción de Zacapa.#ProtegerYServir pic.twitter.com/4SQJJQw7Wd
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 19, 2026
La PNC y el Ejército también mantienen puestos de control en el kilómetro 159.5 de la ruta CA-10, en Zacapa. El director de la PNC, Erick Osoy, informó el martes en el Congreso que hay unos 13 operativos permanentes en ambos departamentos. Según el reporte del miércoles, se registraron 14 detenciones en Zacapa (12 por orden judicial y 2 en flagrancia) y 7 en Izabal (4 por orden y 3 en flagrancia), además de un arma, un vehículo y siete motocicletas incautados.
El Congreso ratificó el decreto el martes 17 de noviembre, con más de 140 votos, mediante el Decreto 29-2026, y agregó una enmienda que respalda la intervención de las fuerzas de seguridad en las cárceles. El analista en seguridad Francisco Girón advirtió que los resultados dependerán de una planificación con metas específicas. La medida rige por 30 días y suspende garantías como la libertad de locomoción y de reunión; fue decretada tras ataques armados que desde finales de septiembre dejaron una veintena de muertos.





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