Jueza cierra proceso penal contra el exdiputado Juan Pablo Urrea en el caso Asalto al Ministerio de Salud

 

     

 

La jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo D, dictó sobreseimiento a favor del exdiputado Juan Pablo Urrea Casasola, señalado por el delito de tráfico de influencias en el caso Asalto al Ministerio de Salud. La resolución se produjo después de que la juzgadora identificara contradicciones entre las solicitudes presentadas por el Ministerio Público (MP), que inicialmente pidió cerrar el expediente y posteriormente solicitó enviar al exlegislador a juicio.

La jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, resolvió este lunes 16 de noviembre de 2026 cerrar el proceso penal contra el exdiputado Juan Pablo Urrea Casasola, quien era investigado por su presunta participación en el caso denominado Asalto al Ministerio de Salud.

La decisión se produjo durante una audiencia en la que el Ministerio Público (MP) solicitó que el exlegislador enfrentara juicio por el delito de tráfico de influencias.

Sin embargo, la juzgadora advirtió diferencias entre las peticiones que la Fiscalía había presentado durante distintas etapas del proceso, por lo que decidió dictar el sobreseimiento a favor de Urrea.

¿Por qué la jueza decidió cerrar el proceso?

Uno de los principales argumentos de la resolución fue la existencia de contradicciones en las solicitudes formuladas por el Ministerio Público.

Durante una audiencia anterior, celebrada el 6 de mayo de 2026, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) había solicitado el sobreseimiento del caso.

En ese momento, la Fiscalía sostuvo que no existían elementos suficientes para demostrar que el exdiputado hubiera ejercido influencia indebida sobre funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

No obstante, la jueza consideró que todavía existían aspectos que debían investigarse y resolvió decretar la clausura provisional del expediente, ordenando al Ministerio Público ampliar las diligencias.

Meses después, la Fiscalía presentó una nueva solicitud, pero esta vez pidió que el exdiputado fuera enviado a debate oral y público.

La jueza observó que ambas peticiones se fundamentaban en hechos similares, pese a que planteaban conclusiones procesales diferentes.

Fiscalía solicitó enviar al exdiputado a juicio

Durante la audiencia del 16 de noviembre, el Ministerio Público argumentó que existían elementos documentales para sostener la acusación contra Juan Pablo Urrea.

Según la investigación, el exlegislador habría utilizado su posición política para gestionar contrataciones dentro del Ministerio de Salud.

Entre los documentos examinados se encontraban oficios y comunicaciones presuntamente firmados por Urrea, algunos elaborados en hojas membretadas del Congreso de la República.

La Fiscalía consideraba que estos documentos podían contribuir a demostrar una posible intervención del exdiputado en decisiones relacionadas con la contratación de personal.

Sin embargo, la jueza determinó que las diferencias entre las solicitudes anteriores y la nueva acusación impedían acceder a la petición de apertura a juicio en las condiciones presentadas.

La resolución de sobreseimiento significa que el exdiputado no será enviado a juicio por esta acusación mediante la decisión adoptada en esta audiencia, sin perjuicio de los recursos legales que pudieran corresponder.

¿Qué es el caso Asalto al Ministerio de Salud?

El expediente conocido como Asalto al Ministerio de Salud surgió de investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la administración de recursos y contrataciones dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Las pesquisas fueron desarrolladas originalmente por el Ministerio Público y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Según la hipótesis de los investigadores, una estructura integrada por funcionarios y actores políticos habría intervenido en procedimientos administrativos para beneficiar a personas cercanas mediante contrataciones y otras gestiones institucionales.

El caso incluyó señalamientos contra antiguos funcionarios y diputados por presuntos hechos relacionados con el uso indebido de influencias políticas.

Las responsabilidades de cada persona deben establecerse individualmente mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

Señalamientos contra Juan Pablo Urrea

De acuerdo con las investigaciones, Juan Pablo Urrea Casasola habría realizado gestiones relacionadas con la contratación de personas dentro del Ministerio de Salud durante el período comprendido entre 2012 y 2014.

Entre los documentos mencionados por la Fiscalía figura una comunicación dirigida al entonces ministro de Salud, Jorge Villavicencio, relacionada con la contratación de Julio René Sarmiento Casasola.

En esa gestión se habría solicitado que la persona recomendada recibiera un salario de Q8 mil mensuales.

La investigación también examinó otras posibles intervenciones del exdiputado en decisiones de contratación de personal.

Sin embargo, estos señalamientos no constituyen una declaración judicial de culpabilidad.

La resolución del Juzgado de Mayor Riesgo D estableció el cierre del proceso contra el exlegislador en esta etapa.

Urrea fue diputado del Partido Patriota

Juan Pablo Urrea Casasola integró el Congreso de la República de Guatemala durante el período legislativo 2012-2016, como representante del desaparecido Partido Patriota.

Esta agrupación política llevó a la Presidencia a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti.

Durante esa administración se desarrollaron diferentes investigaciones relacionadas con el funcionamiento de instituciones públicas y posibles irregularidades en la gestión de recursos estatales.

El exdiputado fue vinculado al caso Asalto al Ministerio de Salud y, en julio de 2025, quedó ligado a proceso penal.

En aquella oportunidad recibió medidas sustitutivas, entre ellas arresto domiciliario y una caución económica de Q20 mil.

Otros exdiputados también fueron investigados

El caso Asalto al Ministerio de Salud también involucró a otros antiguos integrantes del Congreso.

Entre ellos se encuentran Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Leonel Sosa, quienes enfrentaron procedimientos judiciales relacionados con las investigaciones del expediente.

Aunque inicialmente se dictaron condenas en su contra, posteriormente una Sala de Apelaciones resolvió absolverlos.

El Ministerio Público anunció que buscaría impugnar esa resolución mediante los recursos legales correspondientes.

Estos antecedentes forman parte de los distintos procesos que se han desarrollado alrededor de las investigaciones sobre contrataciones y otras actuaciones dentro del Ministerio de Salud.

Las contradicciones del MP marcaron la resolución

La decisión judicial pone nuevamente la atención sobre la importancia de mantener coherencia en las solicitudes que presentan las fiscalías durante los procesos penales.

En el caso de Juan Pablo Urrea, el Ministerio Público pasó de solicitar el sobreseimiento a pedir la apertura a juicio, después de una ampliación de las investigaciones.

La jueza Abelina Cruz Toscano consideró que las diferencias entre ambas posturas no habían sido justificadas de manera suficiente para aceptar la nueva petición.

La resolución se centró, por lo tanto, en las inconsistencias advertidas durante el procedimiento y no en una sentencia dictada después de un debate oral y público.

Es importante distinguir que el sobreseimiento no equivale a una sentencia absolutoria emitida después de juicio, aunque constituye una resolución que pone fin al proceso en los términos previstos por la legislación procesal.

El exdiputado no enfrentará juicio tras la resolución

Con la decisión del Juzgado de Mayor Riesgo D, el proceso penal contra Juan Pablo Urrea Casasola quedó cerrado mediante un sobreseimiento.

Hasta el momento de los reportes consultados, no se había confirmado una nueva impugnación presentada por el Ministerio Público contra esta resolución.

La decisión representa un cambio importante en la situación jurídica del exdiputado, quien había permanecido vinculado a la investigación por presunto tráfico de influencias.

La jueza Abelina Cruz Toscano determinó que las contradicciones entre las peticiones de la Fiscalía impedían ordenar la apertura a juicio contra Juan Pablo Urrea en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

El desarrollo de cualquier recurso posterior permitirá conocer si la resolución se mantiene o es revisada por una instancia judicial superior.

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