MP solicita expediente de Giovanni Castellanos, candidato a contralor general de Cuentas

 

     

 

La Fiscalía contra la Corrupción solicitó a la Comisión de Postulación una copia del expediente de Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, integrante de la nómina de seis candidatos a dirigir la Contraloría General de Cuentas. La petición surge en medio de señalamientos por presuntas anomalías en la acreditación de su grado académico de doctor.
 

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, solicitó este 28 de septiembre de 2026 una copia del expediente de Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, actual subcontralor de Calidad del Gasto Público e integrante de la nómina de seis candidatos para dirigir la Contraloría General de Cuentas durante el período 2026-2030.

La solicitud fue dirigida a la Comisión de Postulación, que deberá entregar la documentación requerida en un plazo máximo de dos días, como parte de las diligencias que desarrolla el ente investigador.

El requerimiento está relacionado con una denuncia presentada por presuntas anomalías en la acreditación del grado académico de doctor de Castellanos durante el proceso de postulación. Los señalamientos forman parte de cuestionamientos que fueron conocidos previamente por la comisión encargada de integrar la nómina final.

Castellanos obtuvo 81 puntos durante el proceso de evaluación y posteriormente fue incluido entre los seis profesionales cuyos nombres fueron remitidos al Congreso de la República para la elección del próximo contralor general de Cuentas.

La nómina fue entregada al Legislativo el pasado 22 de septiembre y está integrada por Luis Antonio Marroquín Pimentel, Marco Antonio Vélez González, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, Elfego Odair Castañón González, Óscar Alberto Hernández Romero y Julio Otoniel Roca Morales.

Corresponde ahora al Congreso de la República elegir, de entre esos seis candidatos, a la persona que dirigirá la Contraloría General de Cuentas durante los próximos cuatro años.

La solicitud del MP no implica que exista una responsabilidad penal determinada contra Castellanos. Las diligencias se encuentran en fase de investigación y cualquier responsabilidad deberá establecerse conforme al debido proceso y mediante resolución de las autoridades competentes.

 

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