Esta sanción implica la prohibición de ingresar a los países que la han adoptado, así como la congelación de activos, entre otras medidas
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, afirmó que esta medida es un claro rechazo a la ética y moral de Porras, cuestionando el uso de su posición para promover conductas inmorales y antiéticas que fomentan la corrupción y prácticas antidemocráticas.
Para el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, esta condena internacional era previsible dadas las acciones lideradas desde la Fiscalía durante el proceso electoral de 2023.
Los expertos coinciden en que las acciones tomadas por estos 42 países ponen en entredicho la idoneidad y la integridad de la máxima autoridad del ente encargado de la persecución penal, aunque no la obligan a dejar su cargo.
A nivel nacional no tienen ningún efecto legal o administrativo. Pero político y moral, sí; pero eso no le impide a ella seguir en el cargo”
enfatizó Ibarra.
Debilitar el ejercicio de poder, tampoco, porque tiene sus facultades legales. Pero moralmente y en términos de legitimidad, sin duda alguna, el MP está por los suelos”
agregó Ortiz
En respuesta a la decisión de Suiza, el MP ha calificado los señalamientos como espurios y tendenciosos, denunciando un intento de obstruir su trabajo investigativo mediante el abuso de las relaciones diplomáticas. Las sanciones internacionales también han alcanzado a otros funcionarios del MP, incluyendo al secretario general Ángel Pineda, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, a la fiscal Leonor Morales, y al juez Fredy Orellana.
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