Eduardo Pantaleón, exfiscal auxiliar recientemente absuelto de cargos, denuncia el uso selectivo del Ministerio Público para acosar a aquellos que luchan contra la corrupción. Pantaleón describe un patrón de persecución dirigido especialmente hacia individuos que han desafiado las redes criminales en gobiernos anteriores, incluyendo periodistas, defensores de derechos humanos y críticos de la administración pública.
Llamado a la Renovación Judicial: Necesidad de Restaurar la Confianza en la Justicia
Claudia González, exjefa de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), enfrentando acusaciones similares, se une a las críticas, destacando la necesidad de renovar el cuerpo judicial para restaurar la confianza en la imparcialidad del sistema. González señala una posible connivencia entre el Ministerio Público y ciertos jueces, instando a la designación de nuevos magistrados para evitar una selección sesgada de casos y el uso del sistema penal como instrumento de represalia.
Por otro lado, Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro-Justicia, resalta que desde 2021 el Ministerio Público ha mostrado un patrón de beneficiar a personas implicadas en casos de corrupción, mientras actúa contra aquellos que han expuesto tales actos. Ibarra describe esta estrategia como una táctica que promueve la impunidad y criminaliza a fiscales y jueces que buscan hacer cumplir la ley.
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