Fallo judicial ordena cumplimiento de subsidios para vivienda digna en Guatemala

 

 

El Tribunal de Amparo exige al Gobierno ejecutar los fondos destinados a más de 10 mil familias en situación de vulnerabilidad.
Cortesía: Google Imagenes

En un avance significativo para los derechos habitacionales en Guatemala, el Tribunal de Amparo ha emitido un fallo definitivo a favor del Movimiento Guatemalteco de Pobladores (MGP) y miles de familias que llevan años esperando el acceso a una vivienda digna, adecuada y saludable.

El recurso, promovido por Carlos Alejandro Cumes Luc, presidente de la Junta Directiva del MGP, invalida la decisión del Fondo para la Vivienda (FOPAVI) contenida en el acta 5-2024, donde se intentó anular los subsidios aprobados en 2023 para más de 10,000 familias guatemaltecas.

Un fallo que marca precedentes

Un fallo que marca precedentes Cortesía: Google Imagenes

El tribunal determinó que el acta 13-2023, aprobada en noviembre de 2023 y que formaliza los subsidios, debe mantenerse vigente, obligando al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) a ejecutar los recursos asignados para garantizar el derecho humano a la vivienda.

 

La decisión surge tras críticas al MICIVI por la falta de acción y supuesta negligencia en la administración pública, al no asegurar que los fondos llegaran a quienes más lo necesitan.

Exigen cumplimiento inmediato

Exigen cumplimiento inmediato

El MGP ha solicitado que los recursos presupuestados en 2024 no sean redirigidos al fondo común, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, sino que se destinen directamente a los beneficiarios. Además, instan a las autoridades del MICIVI a agilizar los procesos para cumplir con el fallo judicial, evitando más violaciones a los derechos humanos.

Implicaciones para las autoridades

Implicaciones para las autoridades Cortesía: Google Imagenes

Esta resolución deja en una situación delicada al ministro de Comunicaciones y al viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, quienes enfrentan una presión significativa para ejecutar los fondos sin más dilaciones. Su incumplimiento podría derivar en sanciones legales y una mayor desconfianza hacia las instituciones gubernamentales.

 

Con este fallo, más de 10,664 familias ven una luz de esperanza para acceder a una vivienda que les proporcione estabilidad y seguridad, marcando un precedente importante en la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos fundamentales en el país.

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