Un contrato temporal en el Congreso de la República y siete meses de trabajo terminaron convertidos en una demanda laboral que podría representarle al Legislativo un pago superior a los Q3 millones en sueldos caídos, de acuerdo con una investigación periodística.
Según reportes periodísticos, el protagonista del caso es Manuel Alfonso Castellanos Alonzo, quien actualmente funge como Vocal I de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entre mayo y diciembre de 2017, Castellanos se desempeñó como director de la Dirección General del Organismo Legislativo, tras haber sido contratado bajo el renglón 022, una modalidad que contempla el pago de prestaciones.
De acuerdo con la misma fuente periodística, tras dejar el Congreso y continuar su carrera en otras instituciones públicas, el ahora magistrado recurrió a los tribunales para reclamar su reinstalación y el pago de los sueldos que habría dejado de percibir desde que terminó su relación laboral con el Legislativo.
Aunque los contratos bajo el renglón 022 son de carácter temporal, la acción se habría dado en un momento en que el Congreso se encontraba bajo un emplazamiento judicial que, según las autoridades del parlamento, ha favorecido a otro personal —como exasesores y exasistentes de diputados— que también ha logrado reincorporación laboral por orden judicial.
Según reportes periodísticos previos, un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) le permitiría al abogado cobrar el monto que reclama; sin embargo, la Dirección de Comunicación del Congreso indicó que el proceso aún está en curso, pues se han planteado las respectivas apelaciones. Esto implica que el monto reclamado no es definitivo, ya que de confirmarse la reinstalación, el cálculo de los sueldos caídos podría actualizarse según la fecha que determine la resolución judicial. El otro escenario posible es que el Congreso gane el litigio. Hasta el momento, los detalles del expediente permanecen bajo reserva, debido a que la resolución
no ha causado ejecutoria".
El presidente del Congreso, Luis Contreras, se había referido en días anteriores a una serie de procesos judiciales que han provocado la acumulación de más de Q100 millones en pagos por salarios caídos y reinstalaciones durante la última década, correspondientes a personal originalmente contratado bajo la modalidad 022, es decir, de manera temporal. El caso de Castellanos se sumaría a ese grupo de reclamos.
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