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Actualmente, Giammattei cuenta con inmunidad debido a su cargo como diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo cual le impide ser investigado a menos que se solicite y apruebe el antejuicio en el Congreso de la República.
Actores del caso reciben sanciones
El expresidente, quien llegó al poder con el respaldo del partido Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS) en 2019, enfrenta acusaciones significativas. Tres días después de finalizar su mandato, el Departamento de Estado de EE. UU. lo sancionó, prohibiéndole la entrada al país por su presunta participación en actos de corrupción durante su gestión.
Según fuentes estadounidenses, existen pruebas de que Giammattei aceptó sobornos a cambio de favores políticos durante su mandato. Martínez, por su parte, también fue sancionado bajo la Ley Global Magnitsky, que congeló sus activos y lo excluyó de EE. UU. por recibir pagos irregulares de contratistas estatales y por su participación en negociaciones poco claras relacionadas con la compra de vacunas contra el COVID-19 a Rusia.
Las denuncias están siendo gestionadas por la Fiscalía contra la Corrupción, dirigida por Raúl Figueroa, un fiscal aliado de la actual fiscal general, María Consuelo Porras. Stuardo Campo, exjefe de esa unidad y actualmente en prisión, ha denunciado persecución política por investigar casos de corrupción durante el gobierno de Giammattei y del expresidente Jimmy Morales.
En la misma fiscalía trabaja Gilberto de Jesús Porres, esposo de la fiscal general, ambos vetados por EE. UU. bajo la Lista Engel debido a su presunta implicación en acciones antidemocráticas tras el intento de bloquear la investidura presidencial de Bernardo Arévalo en enero pasado.
MP enfrenta críticas por falta de acción
El MP ha sido cuestionado por la falta de avances en estos casos. A pesar de múltiples diligencias realizadas, la entidad culpa al Juzgado Duodécimo Penal B por no fijar audiencias desde hace casi tres meses, a pesar de múltiples solicitudes.
Es fundamental obtener información bancaria relevante para avanzar en la investigación, y aunque se solicitó autorización judicial desde abril, aún no se ha programado la audiencia correspondiente",
explicaron representantes del MP.
La denuncia inicial fue presentada por Roberto Arzú en octubre pasado, acusando a Giammattei, Martínez y otros de participar en una estructura dedicada al saqueo del Estado mediante contratos públicos y otros servicios.
La jueza Coloma, a cargo del Juzgado Duodécimo Penal B, también enfrenta críticas tras retirar cargos al exministro David Napoleón Barrientos, quien se opuso al uso de la violencia durante protestas contra la fiscal general el año pasado.
Sobre la segunda denuncia, aún se conocen pocos detalles, pero involucra posibles casos de enriquecimiento ilícito y peculado.
Amistad con implicaciones
Durante 2020, Giammattei se refirió públicamente a Porras como "su amiga", defendiéndola cuando fue sancionada por primera vez por el Departamento de Estado de EE. UU. por acciones que afectan la democracia y el estado de derecho en Guatemala.
Hasta el momento, las investigaciones sobre Giammattei y Martínez no muestran avances significativos, con el MP proporcionando información limitada en respuesta a las preguntas sobre el estado de los casos.
En octubre del año pasado, el MP cerró el caso conocido como "Alfombra Mágica", que involucraba a Giammattei en presuntos sobornos relacionados con la concesión del puerto de Santo Tomás de Castilla, aunque sin resultados concretos hasta la fecha.
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