
El Congreso de Guatemala analiza reformas a la normativa de alianzas público-privadas (APP) que permitirían a las municipalidades gestionar obras como carreteras, puentes y plantas de tratamiento sin necesidad de aprobación legislativa. La iniciativa 6433, respaldada por la Comisión de Economía, promete simplificar procesos burocráticos y promover el desarrollo local.
De acuerdo con la propuesta, únicamente las concesiones relacionadas con servicios básicos como salud, educación y agua continuarían requiriendo aval congresal. El diputado León Barrera aseguró que esta medida permitirá atender de manera más ágil las necesidades de la población.
Diputados de la Comisión de Economía socializan con alcaldes el dictamen que respalda las reformas a la ley de alianzas público-privadas pic.twitter.com/UkqdjJpn1d
— Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) January 13, 2025
Uno de los cambios que se busca aplicar a la ley es la forma en que el @CongresoGuate aprueba la concesión de proyectos pic.twitter.com/bm8rceO9ab
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Autonomía municipal reforzada

El proyecto de ley no solo reduciría tiempos en la ejecución de proyectos, sino que también fortalecería la independencia de las municipalidades y mancomunidades, como lo establece la Constitución. Según Barrera, el objetivo es combatir la burocracia y garantizar que los gobiernos locales puedan impulsar iniciativas de manera más eficiente.
Mitos sobre privatización

El diputado enfatizó que esta reforma no tiene como objetivo privatizar servicios públicos, sino atraer inversión privada para proyectos de infraestructura. Las APP permiten compartir responsabilidades: el sector privado financia, opera y mantiene obras a cambio de un retorno calculado en función de los ingresos generados, como peajes en autopistas.
De ser aprobadas las reformas, la actual Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE) será transformada en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con un presupuesto ampliado de Q2,550 millones.
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