El Organismo Judicial (OJ) mantiene silencio sobre el estado de las denuncias disciplinarias contra el juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal A, señalado en 2023 como uno de los operadores centrales del intento de golpe de Estado contra la transición presidencial. Las quejas podrían derivar en su destitución e inhabilitación por al menos diez años.
El secretario de Comunicación del OJ, Moisés Jerez, fue consultado sobre el avance del expediente: si el juez ya fue entrevistado, si la Supervisión General recabó documentos clave o si el caso llegó a la Junta de Disciplina Judicial. La respuesta fue nula.
El silencio contrasta con la magnitud del caso. Desde el 27 de octubre, cuando surgieron cuatro nuevas denuncias administrativas tras la resolución del 24 de octubre en la que Orellana declaró la “nulidad absoluta” del partido Movimiento Semilla, han pasado más de 40 días sin claridad sobre el proceso.
La Ley de la Carrera Judicial establece plazos estrictos: el Supervisor General de Tribunales dispone de diez días para un informe inicial y una prórroga de ocho días. Sin ese informe, la Junta de Disciplina no puede calificar la conducta ni imponer sanciones, que van desde una suspensión de 90 días sin salario hasta la destitución e inhabilitación por diez años.
La responsabilidad recae en Harold Estuardo Ortiz Pérez, Supervisor General de Tribunales, quien debe reconstruir los hechos del 24 de octubre, adjuntar pruebas y evaluar las denuncias presentadas por el Colegio de Abogados y Notarios, la Presidencia, diputados de Semilla y la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con expedientes previos, la Junta de Disciplina Judicial ha protegido a Orellana en 12 de 13 denuncias anteriores. Su resolución del 24 de octubre, calificada por el Gobierno como un intento de golpe de Estado, lo convirtió nuevamente en foco de críticas nacionales e internacionales.
Las nuevas quejas sostienen que Orellana actuó contra un fallo firme de la Corte de Constitucionalidad, reabrió un proceso cerrado y aplicó figuras jurídicas sin sustento, lo que podría constituir falta gravísima o incluso el delito de prevaricato.
Expertos en derecho consultados coinciden en que las acciones del juez son constitutivas de faltas graves, cuya sanción podría ser una suspensión de 90 días o la destitución e inhabilitación por diez años. Sin embargo, el OJ se niega a confirmar si el informe existe o está en elaboración.
El futuro de Orellana al frente del Juzgado Séptimo Penal dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas. Por ahora, el OJ mantiene una postura de silencio.
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