El acta 24-2026 de la Corte Suprema de Justicia expone una secuencia inusual: el antejuicio contra el diputado Allan Rodríguez fue discutido y rechazado en cuestión de minutos, antes de que cuatro de los trece magistrados titulares llegaran al pleno.
Según una investigación de los medios de comunicación, la presidenta de la Corte, Claudia Paredes —señalada como cercana políticamente a Rodríguez— habría impulsado que el caso llegara al pleno y se resolviera bajo esa integración específica.
La sesión inició a las 9:05 de la mañana del 22 de abril de 2026. Tres minutos más tarde, a las 9:08, se incorporó el magistrado Carlos Lucero.
Para ese momento, el pleno ya había resuelto rechazar el antejuicio, un expediente que buscaba abrir paso a una investigación penal contra Rodríguez por un presunto entramado de corrupción vinculado al Fondo para la Vivienda Popular (Fopavi).
El hecho de que Lucero no firmara la resolución, junto con los medios de comunicación registrada de su llegada, permite fijar que la decisión se tomó dentro de esa ventana de apenas tres minutos.
El expediente se originó en julio de 2025, cuando diputados de la bancada Raíces denunciaron una presunta estructura para desviar recursos públicos del Fopavi mediante empresas constructoras y operadores políticos, y pidieron investigar también a Rodríguez, protegido por su fuero de antejuicio.
Fuentes de la Secretaría de la Corte consultadas por el medio, bajo condición de anonimato, sostienen que la rapidez con la que se resolvió el caso no fue casual.
Una fuente de la Cámara de Amparos y Antejuicios fue enfática al describir la relevancia del caso para el diputado.
El reportaje también documenta la relación política entre ambos: Rodríguez es identificado como el principal padrino político de Paredes, cuya elección como magistrada en 2023 y 2024 contó con el respaldo de la bancada Vamos.
Tres de los cuatro magistrados que no firmaron la resolución —Lucero, Flor de María Gálvez y Estuardo Cárdenas— forman parte de un sector de la Corte que ha cuestionado la falta de transparencia del bloque dominante.
Cárdenas, de hecho, dejó constancia en el acta de que su ausencia inicial fue mal consignada, cuestionando la forma en que se integró el pleno ese día.
La Corte justificó el rechazo señalando que los denunciantes no podían acreditar personalmente los hechos y que existían motivaciones políticas detrás del antejuicio.
Tanto Paredes como Rodríguez fueron consultados por los medios de comunicación para este reportaje mediante canales oficiales, pero ninguno de los dos respondió al cierre de la publicación.
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