El presidente Bernardo Arévalo, en calidad de ciudadano, presentó en octubre de 2025 una querella contra Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Como parte del proceso, Arévalo solicitó medidas cautelares, entre ellas el embargo de salario y bienes del fiscal. La audiencia estaba programada para el 27 de enero de 2026, pero no se concretó debido a que el abogado del mandatario recusó al juez Fredy Orellana.
Al salir de la audiencia, Curruchiche declaró que la investigación está en manos de la Fiscalía de Asuntos Internos y que espera conocer con detalle las acusaciones. Sin embargo, al explicar las medidas solicitadas, reveló que su salario mensual sería de Q160 mil.
“Entiendo que él solicita que se me embargue el salario, 25 salarios, lo que equivale a 4 millones de quetzales aproximadamente. También solicita que se me embarguen propiedades y productos financieros”, afirmó Curruchiche.
Fiscal Curruchiche señala que Arévalo pide que se le embarguen 25 salarios "lo que equivale a Q4 millones".
— Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 28, 2026
Esto significaría que el jefe de la Feci devenga Q160 mil al mes. pic.twitter.com/AZlLiHKWWS
Salarios ocultos desde 2024
El dato generó polémica, ya que desde 2024 el Ministerio Público (MP) decidió ocultar los salarios de sus trabajadores por motivos de seguridad. Antes de esa fecha, la información era pública: por ejemplo, en 2022 un fiscal de sección devengaba cerca de Q23 mil mensuales.
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