El Ministerio Público (MP), liderado por la fiscal general Consuelo Porras, ha recibido críticas por la falta de celeridad en el caso B-410, que involucra una presunta defraudación fiscal de al menos Q300 millones durante la administración de Alejandro Giammattei.
A pesar de que el MP ha ejecutado varias diligencias, como allanamientos y secuestro de evidencias, el caso sigue sin mayores avances judiciales. En contraste, otras investigaciones como las dirigidas contra el Movimiento Semilla y el jefe de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes, han mostrado una velocidad significativamente mayor.
El ente investigador justificó los retrasos señalando que las auditorías solicitadas a la SAT y a la Contraloría General de Cuentas (CGC) no han concluido. Según informaron, de las 21 auditorías requeridas, solo cinco han sido finalizadas por la SAT, mientras que la CGC ha completado una de las trece solicitadas.
Por otro lado, el MP destacó que han efectuado 17 diligencias, incluyendo inspecciones en inmuebles y oficinas de notarios presuntamente vinculados al entramado empresarial denunciado.
En octubre, la SAT solicitó arraigos y embargos contra los involucrados
Pero varias empresas, como Asfaltos y Petróleos de Guatemala, S.A., vinculada a Miguel Martínez, continúan operando sin mayores sanciones. Mientras tanto, el MP sigue recopilando información financiera y señaló que no solicitará órdenes de aprehensión hasta tener resultados definitivos de las auditorías. Esta situación genera dudas sobre las prioridades del ente investigador y deja en el aire la posibilidad de justicia en el caso B-410.
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