Se incrementa la incautación de armas ilegales: estadísticas revelan 10 diariamente

 

 

La inseguridad y la percepción de falta de protección por parte del Estado pueden llevar a las personas a armarse para su defensa personal, lo que agrava el problema.

En las pasadas dos semanas las fuerzas de seguridad han reportado la incautación de más de 60 armas de fuego, tanto cortas como armas largas.

Esto quiere decir que existe una falta de control de la Dirección General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM-, del Ministerio de la Defensa Nacional, que ha realizado su función, incluso el director de la Policía Nacional Civil -PNC- ha manifestado preocupación por la compra y venta de munición.

El problema de una sociedad armada sin controles y sin licencias es multifacético y puede atribuirse tanto a una legislación insuficiente como a una implementación deficiente por parte de las autoridades responsables, como la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM).

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo dice que "en Guatemala hay un problema por la compra desmedida de municiones, ya que algunas podrían venderse a delincuentes, pandilleros o usureros, o bien, en el extranjero. Boteo agregó que se debería también limitar la cantidad de cuentas bancarias que una persona abre, asociado a las transacciones bancarias por extorsión".

La Ley de Armas y Municiones (Decreto Número 15-2009) establece regulaciones para la tenencia y portación de armas en Guatemala. Sin embargo, si la ley no es lo suficientemente estricta o tiene lagunas, puede permitir que las armas circulen sin el debido control.

Aunque la ley exista, su efectividad depende de la implementación por parte de las autoridades. Si la DIGECAM no cumple adecuadamente su papel de controlar y regular la tenencia y portación de armas, esto puede resultar en una proliferación de armas sin licencia.

La corrupción dentro de las instituciones y la presencia de delincuencia organizada también contribuyen a la circulación de armas ilegales.

Es preocupante escuchar que los jueces cambian el delito de portación ilegal de armas y permiten la liberación de los capturados por una suma de Q5 mil. Este tipo de prácticas puede socavar la confianza en el sistema judicial y contribuir a la impunidad.

La portación ilegal de armas es un delito grave en Guatemala, y la ley establece sanciones severas para quienes sean encontrados culpables. Sin embargo, la corrupción y la falta de transparencia en el sistema judicial pueden permitir que algunos individuos evadan la justicia mediante sobornos o influencias indebidas.

Es fundamental que las autoridades y la sociedad civil trabajen juntos para fortalecer el sistema judicial y garantizar que se apliquen las leyes de manera justa y equitativa. La transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana son esenciales para combatir la corrupción y asegurar que los responsables de delitos sean debidamente sancionados.

 

 

 

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