Entre los funcionarios sancionados se encuentran la Fiscal General del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, el Secretario General del ente investigador, Ángel Pineda, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y la fiscal Leonor Morales Lazo.
Además, la medida incluye al juez Fredy Orellana, quien, según la sociedad civil, analistas políticos y defensores de derechos humanos, estaría alineado con los funcionarios mencionados y apoyaría acciones contrarias a la voluntad cívica del pueblo y que fomentan la corrupción.
Estas sanciones se suman a las restricciones anunciadas por la Unión Europea el pasado 2 de febrero contra los mismos funcionarios, y se unen a las medidas impuestas por 30 naciones de Europa y Norteamérica.
Prohibición de ingreso y sanciones financieras
La decisión, que entró en vigor ayer por la tarde, prohíbe a Consuelo Porras y a los otros tres miembros del MP, así como al juez Orellana, ingresar a Suiza y los somete a sanciones financieras.
Las dificultades para la investidura de Arévalo como presidente, luego de su victoria en las elecciones de agosto de 2023, se debieron a los intentos de la Fiscalía de obstaculizar su triunfo en las urnas mediante diversos casos penales contra él y el partido político Movimiento Semilla.
Ante el veto impuesto por Suiza, el MP ha afirmado que las acusaciones son infundadas, tendenciosas y contrarias a los principios democráticos. Además, considera que se está abusando de las relaciones diplomáticas, que deberían garantizar el respeto de los derechos de los Estados involucrados.
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