El líder del STEG acumula beneficios estatales como vehículo oficial, seguridad personal y salario completo sin impartir clases, mientras el Ministerio de Educación cuestiona la legalidad de estos privilegios.

Guatemala enfrenta riesgos estructurales graves por construcciones informales y falta de normativas; especialistas piden cooperación intersectorial.

La Contraloría destapa deficiencias del Ministerio Público: ejecución lenta, sanciones severas y un préstamo internacional que sigue sin avanzar.

Una adjudicación de Q51.2 millones despierta dudas sobre el proceso de contratación y experiencia de la empresa seleccionada.