El Estado de Guatemala ha tenido que pagar Q8.6 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) debido a demoras significativas del Ministerio Público (MP) en la ejecución de un millonario préstamo internacional.
Una auditoría llevada a cabo por la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló que la entidad investigadora no ha utilizado eficientemente los recursos otorgados por cooperación externa, incurriendo así en gastos por comisiones de crédito sobre montos que ni siquiera han sido desembolsados.
Préstamo millonario sin ejecutar… pero con costos reales
En 2020, el Congreso de la República autorizó al Ejecutivo la firma del contrato 3849/OC-GU con el BID, por US$60 millones (aproximadamente Q460 millones al tipo de cambio de 7.67). El objetivo era fortalecer y modernizar la infraestructura del Ministerio Público, especialmente en su sede central ubicada en el Barrio Gerona, zona 1 de la ciudad de Guatemala.
Sin embargo, el proyecto ha enfrentado atrasos considerables en su ejecución. Como resultado, el BID ha cobrado al Estado una penalización de Q8.6 millones en concepto de comisiones por fondos no utilizados.
La Contraloría impone multas y exige responsabilidades
Ante esta situación, la CGC impuso sanciones administrativas a los responsables directos de la inadecuada administración de los fondos. La institución consideró que hubo negligencia e ineficiencia institucional al permitir que recursos aprobados para fortalecer la justicia se mantuvieran sin ejecutar durante tanto tiempo.
Además, el informe indica que estas deficiencias podrían comprometer futuras gestiones de cooperación internacional, dado que los organismos financieros evalúan el nivel de eficacia en la ejecución de programas como factor decisivo para otorgar nuevos préstamos.
¿Qué pretendía el préstamo?
El financiamiento contemplaba la ampliación del edificio central del MP, mejora tecnológica, modernización de procesos y mejor atención a la ciudadanía.
Pero, hasta la fecha, no se han visto avances significativos en las obras, ni una clara rendición de cuentas por parte de las autoridades involucradas.
La Contraloría también advirtió que si la situación no mejora en el corto plazo, las sanciones podrían escalar, incluyendo la solicitud de responsabilidad penal y civil contra funcionarios actuales y anteriores del Ministerio Público.
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