COCVISA opera los parqueos, subarrienda espacios, instala cajeros y cobra por servicios sin contrato vigente. La deuda supera los Q28 millones y el juicio de desalojo lleva casi tres años sin avanzar.

Aunque el MP afirma que no hubo embarazo, la PGN activó la alerta tras presión política. El caso sigue generando dudas.