Demócratas proponen oficina anticorrupción y acusan a Trump de lucrar con la Presidencia

El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, presentó un proyecto de ley para crear una oficina federal independiente encargada de investigar posibles actos de corrupción dentro del Gobierno.

La iniciativa, denominada Ley de Creación de la Oficina Anticorrupción, permitiría investigar presuntos abusos cometidos por presidentes, vicepresidentes, altos funcionarios y sus familiares. También otorgaría facultades para emitir citaciones y recuperar recursos públicos obtenidos mediante prácticas corruptas.

La propuesta contempla integrar bajo una nueva institución a la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión Federal Electoral y la Oficina del Consejero Especial. La entidad estaría dirigida por siete integrantes confirmados por el Senado y no más de tres podrían pertenecer al mismo partido político.

El proyecto también prohibiría que el presidente, el vicepresidente, sus cónyuges, hijos adultos y determinados funcionarios acepten de manera corrupta bienes o beneficios valorados en más de US$50 mil. Los fiscales generales estatales y ciudadanos particulares podrían presentar demandas por posibles infracciones.

Schumer afirmó que la propuesta responde a lo que calificó como un nivel sin precedentes de presunto beneficio personal dentro de la administración de Donald Trump. Los demócratas aseguran que negocios vinculados con el mandatario y su familia habrían generado miles de millones de dólares durante su regreso a la Casa Blanca, aunque estas acusaciones no han sido determinadas judicialmente.

El senador sostuvo que la familia Trump habría obtenido más de US$4 mil millones gracias a su influencia en la Presidencia. También vinculó las políticas de la administración con un aumento promedio de US$3 mil 100 anuales en los gastos de los hogares estadounidenses. Ambas cifras forman parte de las estimaciones y señalamientos presentados por los demócratas.

La iniciativa permitiría investigar posibles infracciones cometidas desde el 20 de enero de 2025, fecha en la que comenzó el segundo mandato de Trump, y establecería un plazo de prescripción de diez años. Además, contaría con una fuente de financiamiento autónoma para reducir la posibilidad de interferencia presidencial.

La Casa Blanca ha rechazado las acusaciones y sostiene que ni Trump ni su familia participan en conflictos de interés. También afirma que los negocios del presidente permanecen dentro de un fideicomiso administrado por sus hijos y que él no interviene en las decisiones empresariales.

El proyecto enfrenta pocas posibilidades de aprobación inmediata debido al control republicano del Senado. Para superar una eventual obstrucción legislativa necesitaría el respaldo de al menos 60 senadores, lo que obligaría a conseguir votos de ambos partidos.