Un juez federal de Estados Unidos dio este 30 de septiembre de 2026 un plazo de 14 días al Gobierno del presidente Donald Trump para entregar el documento que contiene la justificación legal utilizada para respaldar una serie de ataques militares contra embarcaciones señaladas de participar en actividades de narcotráfico.
La orden fue emitida por el juez Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien solicitó revisar de manera privada un memorando elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia en septiembre de 2025.
Ese documento analiza la autoridad jurídica que, según el Ejecutivo estadounidense, permitiría al presidente ordenar ataques letales contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas del Caribe y del Pacífico.
El magistrado también pidió al Gobierno que detalle quiénes han tenido acceso al memorando, cuándo pudieron consultarlo y con qué propósito, además de presentar información que permita conocer los criterios utilizados para autorizar ese acceso.
La disputa judicial surgió después de que organizaciones defensoras de derechos civiles solicitaran conocer públicamente la fundamentación jurídica de estas operaciones mediante mecanismos establecidos en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos.
Entre las organizaciones que impulsaron el proceso se encuentran la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro para los Derechos Constitucionales y la filial de la ACLU en Nueva York.
Desde septiembre de 2025, las fuerzas estadounidenses han realizado más de 70 ataques contra embarcaciones señaladas de participar en el tráfico de drogas, con un saldo reportado de más de 230 personas fallecidas.
La administración Trump sostiene que las operaciones forman parte de su estrategia contra organizaciones vinculadas con el narcotráfico. Sin embargo, expertos, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han planteado cuestionamientos sobre la legalidad de utilizar fuerza militar letal en este tipo de operaciones y las garantías aplicables a las personas a bordo.
La orden judicial no determina por sí misma que los ataques hayan sido ilegales. Su objetivo inmediato es que el tribunal pueda examinar la argumentación jurídica elaborada por el propio Gobierno estadounidense antes de resolver la disputa relacionada con su divulgación.
El caso mantiene abierta una discusión más amplia sobre los límites de la autoridad presidencial, el uso de las Fuerzas Armadas en operaciones contra el narcotráfico y el acceso público a los fundamentos legales utilizados por el Ejecutivo.
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