El Gobierno de Panamá manifestó este 2 de octubre de 2026 ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) su rechazo a la posibilidad de una intervención militar en Nicaragua, en medio de las discusiones regionales sobre la situación política y de derechos humanos en ese país.
La posición panameña fue presentada durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, convocada para analizar la situación nicaragüense y determinar posibles acciones dentro del marco jurídico interamericano.
Durante su intervención, Panamá defendió una salida basada en mecanismos diplomáticos, diálogo y respeto al derecho internacional, al considerar que una respuesta militar no representa la vía adecuada para enfrentar la crisis.
Al mismo tiempo, el Gobierno panameño instó a Nicaragua a avanzar hacia una democracia libre, con elecciones y garantías para la participación ciudadana, como parte de una solución institucional a la situación que atraviesa el país.
La reunión de cancilleres fue convocada después de que el Consejo Permanente de la OEA considerara que los acontecimientos recientes en Nicaragua constituyen un asunto urgente y de interés común para los Estados americanos.
La situación nicaragüense permanece bajo observación internacional desde la crisis iniciada en 2018, período durante el cual distintos organismos internacionales han documentado denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias, restricciones a derechos fundamentales, confiscaciones y otras posibles violaciones de derechos humanos.
Dentro de este contexto, los países miembros de la OEA analizan qué medidas pueden adoptarse conforme a la Carta de la Organización, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.
La postura de Panamá busca mantener la presión diplomática para promover cambios institucionales en Nicaragua, pero evitando una respuesta armada.
Las deliberaciones continúan mientras los Estados miembros evalúan las distintas propuestas sobre cómo abordar la crisis y qué acciones regionales pueden implementarse para favorecer una salida política y democrática.
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