Representantes del sector transporte en Guatemala solicitaron a las autoridades prorrogar la exención temporal de impuestos a los combustibles, una medida implementada para reducir el impacto económico del incremento de los precios de las gasolinas y el diésel.
La petición surge ante la preocupación por el vencimiento del beneficio tributario, establecido hasta el 31 de diciembre de 2026, y las posibles consecuencias que tendría para los transportistas y consumidores el restablecimiento de los impuestos a partir del próximo año.
Los representantes del sector consideran necesario mantener mecanismos de alivio económico, especialmente por la importancia que tiene el combustible en los costos de operación del transporte de pasajeros y de mercancías.
¿En qué consiste la exención de impuestos?
El Congreso de la República aprobó el Decreto 22-2026, denominado Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles.
La normativa establece la suspensión temporal de dos tributos:
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Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP).
El beneficio comprende la gasolina superior, gasolina regular y diésel, con el propósito de disminuir la carga económica que enfrentan los consumidores.
La disposición entró en vigor el 1 de octubre de 2026 y tiene prevista su finalización el 31 de diciembre del mismo año.
De no aprobarse una prórroga o nueva disposición legislativa, los combustibles volverán a estar sujetos a los impuestos correspondientes a partir del 1 de enero de 2027.
Transportistas advierten sobre los costos de operación
Uno de los principales argumentos del sector transporte es que el diésel representa una parte importante de sus gastos operativos, especialmente en las unidades destinadas al traslado de pasajeros y mercancías.
El costo del combustible influye directamente en los gastos de funcionamiento de las empresas y en la sostenibilidad de las rutas.
Por ello, los transportistas consideran que la eliminación temporal de impuestos constituye un mecanismo de apoyo frente a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo.
La preocupación aumenta ante la posibilidad de que el vencimiento de la medida genere una nueva presión sobre los costos del transporte durante los primeros meses de 2027.
Posibles efectos para los usuarios
El eventual incremento en el precio de los combustibles también podría tener consecuencias para la economía de las familias guatemaltecas.
El transporte es una actividad esencial para la movilización de trabajadores, estudiantes, comerciantes y productos de consumo diario.
Cuando aumentan los costos de operación, las empresas pueden enfrentar dificultades para mantener sus tarifas y servicios.
Sin embargo, la exención tributaria no garantiza automáticamente una reducción en el precio del pasaje, debido a que también intervienen otros gastos, como mantenimiento de unidades, repuestos, salarios y administración.
Las gremiales del transporte extraurbano han señalado anteriormente que el beneficio fiscal, por sí solo, resulta insuficiente para reducir las tarifas.
¿Qué se necesita para extender el beneficio?
Debido a que la exención tiene una vigencia establecida por ley, su ampliación requeriría una nueva decisión legislativa.
En consecuencia, la solicitud de los transportistas plantea un debate sobre la conveniencia de prolongar la medida y sus posibles efectos sobre la recaudación tributaria del Estado.
Las autoridades deberán considerar tanto el alivio económico para los consumidores como el impacto fiscal que podría representar mantener la suspensión de impuestos durante un período adicional.
También será importante evaluar si los beneficios llegan efectivamente a quienes compran combustible.
Una decisión importante para el inicio de 2027
La petición de los transportistas ocurre cuando faltan menos de dos meses para que finalice la exención aprobada por el Congreso.
El sector espera que las autoridades analicen la posibilidad de ampliar el beneficio para evitar mayores presiones económicas sobre sus operaciones.
Por el momento, la suspensión del IVA y del IDP continúa vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
El debate sobre una posible prórroga será relevante para los transportistas, las empresas y miles de guatemaltecos que dependen diariamente de los combustibles.
La decisión que adopten las autoridades podría influir en los costos del transporte y en la economía de los hogares durante el inicio de 2027.
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