La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, aprobada en noviembre de 2024, está en el centro de un nuevo cuestionamiento. En un editorial publicado este 5 de noviembre, La Hora sostiene que el Ministerio de Comunicaciones (CIV) está aplicando mal la norma, que según su opinión sirve hoy para facilitar el desvío de fondos públicos, y pide al sector privado que impulsó la ley que se involucre para enderezar su rumbo. Se trata de una opinión del medio, no de una conclusión judicial.
La ley, proveniente de una propuesta de Fundesa, tiene 116 artículos y prioriza 18 proyectos, entre ellos las rutas centroamericanas.
Un reportaje de La Hora publicado el 4 de noviembre indica que 15 empresas tienen contratos por más de Q1,600 millones adjudicados "por emergencia", un mecanismo que según la norma solo requiere un informe de riesgo de Conred y el aval de la Dirección General de Caminos. Menkos ya había reconocido en febrero que la ley tenía errores y que sus resultados se verían hasta 2027.
El tema se suma al caso de los llamados "Puentes de Primavera", con una posible sobrevaloración de hasta Q148 millones, según estimaciones periodísticas. El CIV y el Gobierno han rechazado que haya sobreprecio y sostienen que los contratos incluyen más que los puentes. Fundesa, por su parte, ha dicho que la ley debe cumplirse.
Comentarios
0 comment