El caso UNOPS, presentado por el Ministerio Público (MP) el 21 de octubre, tiene un origen inesperado. Una de las denuncias que dio pie a la investigación fue interpuesta por Jorge Guillermo Lemus Alvarado, un exconvicto que se autodenomina periodista de investigación.
El documento fue entregado el 27 de abril de 2024 a la fiscal general María Consuelo Porras, y repite casi textualmente el discurso que el fiscal Rafael Curruchiche pronunció seis meses después en rueda de prensa.
Denuncia sin respaldo documental
Lemus pidió retirar el antejuicio del presidente Arévalo, acusándolo de “actos ilícitos” y de haber ganado las elecciones con apoyo de la OEA, ONU, EE.UU. y la UE. También lo señaló por “obstrucción a la justicia” al solicitar la destitución de Porras, y por un supuesto convenio “lesivo” con UNOPS valorado en Q2,450 millones, financiado —según él— con fondos no asignados en el presupuesto.
“El denunciado dolosamente, aprovechando sus alianzas y lazos familiares con funcionarios de UNOPS, celebra negociaciones de este tipo”, afirma el documento.
Discurso replicado por Curruchiche
El 21 de octubre, Curruchiche presentó el caso ante medios, repitiendo las mismas frases: que Arévalo “se benefició del apoyo internacional”, que el convenio fue “lesivo para el Estado” y que el presidente “tiene lazos familiares con funcionarios de UNOPS”.
Aunque no reveló el origen de la denuncia, citó una presentada en abril de 2024, la misma fecha del escrito de Lemus. Incluso usó frases como “fondos fuera del presupuesto general” y “convenio nocivo para Guatemala”.
Más nombres en la trama
Curruchiche agregó a la acusación al exministro Óscar Cordón, al actual titular Joaquín Barnoya, y otros funcionarios. Según la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), el Ejecutivo ha presentado 350 denuncias desde enero de 2024, de las cuales 200 fueron contra la administración de Giammattei.
¿Quién es Jorge Lemus?
Conocido como “el Buki”, Lemus fue compañero de celda del exsargento condenado por el asesinato de Myrna Mack, y testificó en su juicio. Ha estado preso por narcotráfico, y afirma haber incursionado en esa actividad para financiar “proyectos de cambio social”.
En 2003, la CIDH le otorgó medidas cautelares por amenazas. En 2019, participó en la “Comisión de la Verdad” del Congreso para revisar la actuación de la CICIG.
Arévalo suma antejuicios, Giammattei ninguno
En menos de dos años, Bernardo Arévalo acumula cuatro solicitudes de antejuicio y más de 24 investigaciones abiertas. En contraste, durante los cuatro años de Alejandro Giammattei, el MP no presentó ninguna acción similar, pese a múltiples denuncias.
De las 200 denuncias contra el gobierno anterior, 63 fueron desestimadas y 18 archivadas. Ninguna derivó en acusación formal.
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