Un grupo de constructoras vinculadas a un mismo empresario concentra más de Q1,000 millones en contratos con el Gobierno

 

     

 

Gustavo Alejos reconoce amistad con el constructor Elfrid Méndez, cuyas empresas se han convertido en las favoritas del Ministerio de Comunicaciones.

Un grupo de constructoras con vínculos administrativos y comerciales entre sí se ha convertido en uno de los principales beneficiarios de adjudicaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) durante la actual administración. La figura central es el empresario Elfrid Josué Méndez Pelaez, socio de la constructora Ciansa, que además comparte conexiones corporativas con otra empresa llamada Tracser.

Junto a Ciansa y Tracser, otras dos constructoras —Metro Construcciones y Serima— reconocieron haber tenido relaciones comerciales con ese grupo empresarial. En conjunto, las cuatro firmas acumulan adjudicaciones por Q1,095 millones solo entre 2025 y 2026, de las cuales Q479.6 millones se otorgaron mediante un mecanismo de excepción que exime al CIV de los plazos ordinarios de contratación estatal.

Fuentes consultadas señalan que el operador político Gustavo Alejos ha mediado en favor de estas empresas en adjudicaciones recientes de infraestructura vial, entre ellas la construcción de tres puentes que podrían tener una sobrevaloración de hasta Q148 millones. Alejos negó cualquier gestión relacionada con esos contratos, aunque reconoció mantener una relación de amistad con Méndez Pelaez. "Es alguien que ha crecido con mucho esfuerzo y dedicación, digno de admirar", dijo sobre el constructor.

Por su parte, Méndez Pelaez negó tener vínculos comerciales con Alejos y aseguró que sus empresas cumplen con todos los requisitos legales exigidos en cada proceso de licitación. El CIV, a través de su oficina de comunicación, sostuvo que todas las adjudicaciones responden a evaluaciones técnicas, administrativas y financieras realizadas por juntas de licitación independientes, y que la institución no posee facultades para excluir discrecionalmente a ningún oferente que cumpla los requisitos legales.

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