Estados Unidos planea contratar a una empresa privada para rastrear y cobrar multas migratorias pendientes a personas deportadas o que salieron voluntariamente del país, comenzando por Guatemala, México y Honduras.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) busca adjudicar el programa, denominado Servicios de Localización y Recuperación de Pagos, con un presupuesto de hasta 9 millones de dólares durante dos años.
De acuerdo con el plan, la empresa contratada deberá identificar dónde viven o trabajan los deudores mediante fotografías de viviendas, recibos de servicios, registros laborales, documentos judiciales y otra información que permita ubicarlos. Una vez localizada la persona, deberá entregarle un documento en inglés y español con el monto adeudado y las instrucciones para pagar al Gobierno estadounidense.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta julio de 2026 había cerca de 66,387 inmigrantes deportados o que abandonaron EE. UU. con multas pendientes, que en conjunto suman unos 423 millones de dólares.
Las sanciones se basan en una disposición migratoria de 1996 que castiga el incumplimiento de una orden de salida, y el monto puede acumularse hasta 998 dólares por día.
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