Recientes nombramientos en el Gobierno han generado una ola de críticas en redes sociales, con acusaciones de presunto pago de favores tras las protestas por los resultados electorales de 2023. No obstante, las autoridades han decidido someter estos nombramientos al escrutinio público.
Uno de los casos más discutidos es el de Luis Pacheco, designado como viceministro de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía y Minas, quien fue presidente de los 48 Cantones de Totonicapán y participó activamente en las manifestaciones mencionadas.
Por otro lado, Santos Alvarado, viceministro de Interculturalidad, fue miembro de la Alcaldía Indígena de Chuarrancho y lideró las protestas frente al Ministerio Público, exigiendo la renuncia de la fiscal general.
Además, Daniel Pascual, exdirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), ahora forma parte del directorio de Fontierras, aunque su nombramiento fue resultado de la elección por parte de organizaciones campesinas con representación en dicha instancia.
Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social, aclaró que los perfiles de estos funcionarios han sido evaluados minuciosamente en cada dependencia, y se encuentran bajo el escrutinio de la ciudadanía, ya que aportan valor a sus nuevas responsabilidades.
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