La Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyó su proceso de nominación y remitió al Congreso una lista de 20 candidatos. Sin embargo, 11 de ellos (55%) enfrentan señalamientos que ponen en duda su idoneidad.
Aunque el pleno de comisionados aprobó una declaración de cumplimiento de requisitos de capacidad, honradez e idoneidad, varios aspirantes han sido cuestionados por su actuar en cargos anteriores, resoluciones polémicas o vínculos con operadores políticos.
Los señalados
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José Alberto Godínez Rodríguez: hermano de Juan Carlos Godínez, operador político del CANG; vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.
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Wilber Estuardo Castellanos Venegas: exmagistrado, cuestionado por su rol en postuladoras de CSJ y señalado en Comisiones Paralelas.
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Mario Alexander Velásquez Pérez: actual secretario del TSE, señalado por bloquear la candidatura presidencial de Thelma Cabrera y Jordán Rodas en 2023.
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Lesther Castellanos Rodas: cuestionado por uso indebido de su cargo en la Oficina Nacional Contra la Tortura y por denunciar a la exfiscal Virginia Laparra.
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Juan José Bolaños Mejía: vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020, con orden de aprehensión girada en su contra.
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Rafael Morales Solares: señalado por influir en procesos de postulación y por resoluciones favorables a Sandra Torres.
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Sergio Amadeo Pineda: exmagistrado de CSJ, cuestionado por visitas a operadores políticos como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.
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José Luis de Jesús Samayoa Palacios: vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020 por reuniones con Gustavo Alejos.
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Roberto Estuardo Morales Gómez: criticado por otorgar amparo que excluyó a agremiados en elección de magistrados de la CC.
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Julio César Recinos Fabián: señalado por su cercanía con la fiscal general Consuelo Porras, jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio.
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Eva Marina Recinos Vásquez: cuestionada por resoluciones favorables a Sandra Torres y Roxana Baldetti, incluyendo autorización de salidas médicas y cauciones económicas.
Implicaciones
Los señalamientos generan dudas sobre la transparencia del proceso y la legitimidad de los futuros magistrados del TSE, institución clave para garantizar elecciones libres y confiables en Guatemala.
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