La familia del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, desaparecido desde mayo de 2025, presentó una apelación contra la resolución judicial que permitió que Andrés Alcázar Crespo continúe su proceso penal bajo arresto domiciliario.
Alcázar está ligado a proceso por el delito de plagio o secuestro en grado de complicidad, por su presunta participación en el caso del profesional de la odontología. Inicialmente, el Juzgado de Mayor Riesgo B había ordenado que permaneciera en prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones.
Sin embargo, el pasado 17 de septiembre, el juez Eduardo Orozco resolvió otorgarle arresto domiciliario con control telemático, además de imponer otras medidas sustitutivas, entre ellas la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
La decisión provocó la inconformidad de la familia de Martínez Murillo.
El abogado Denis Cuesy, representante de la parte querellante, informó que la apelación plantea cuatro agravios contra la resolución. Entre los argumentos expuestos se encuentra el señalamiento de que la legislación establece restricciones para conceder medidas sustitutivas a personas procesadas por el delito de plagio o secuestro, en cualquiera de sus formas.
La defensa de la familia busca que la resolución sea revisada por una Sala de Apelaciones y que se revoque el beneficio otorgado a Alcázar.
Según explicó Cuesy, el siguiente paso será que el recurso sea notificado a todas las partes involucradas en el proceso. Posteriormente, la Sala correspondiente deberá analizar los argumentos y emitir una resolución. El abogado indicó que se espera una decisión dentro del plazo legal correspondiente.
Andrés Alcázar Crespo fue capturado el 8 de julio de 2026 en Fraijanes como parte de las investigaciones por la desaparición y presunto secuestro del odontólogo. Posteriormente, el 15 de julio, fue ligado a proceso penal.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, varias líneas telefónicas que habrían sido utilizadas durante las negociaciones para exigir dinero a cambio de la liberación de Martínez Murillo fueron activadas utilizando datos vinculados al Documento Personal de Identificación (DPI) de Alcázar.
Durante su primera declaración, Alcázar afirmó que había perdido su DPI junto con su billetera y expuso su versión ante el juez. La responsabilidad penal del sindicado deberá determinarse conforme avance el proceso y mediante una resolución judicial firme.
El caso de Julio Amílcar Martínez Murillo permanece bajo investigación y registra varios detenidos señalados de posible participación en su desaparición y secuestro.
La audiencia de etapa intermedia para Alcázar está programada para el 29 de septiembre, mientras se resuelve la apelación planteada por la familia del odontólogo contra el arresto domiciliario concedido por el juzgado.
Por tratarse de un proceso penal en curso, Andrés Alcázar Crespo mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad.
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