Un juez de turno resolvió ligar a proceso penal a Arturo García Jom, capturado durante los operativos efectuados en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde las autoridades localizaron aproximadamente Q1.5 millones en efectivo.
El sospechoso enfrentará proceso por el delito de lavado de dinero u otros activos, luego de que el caso fuera presentado ante la autoridad judicial correspondiente.
El juez también otorgó al Ministerio Público un plazo de dos meses para continuar y ampliar las investigaciones relacionadas con el origen del dinero y los posibles vínculos con actividades ilícitas.
De acuerdo con la investigación preliminar, el efectivo fue localizado en un inmueble de la avenida Centroamérica, en la zona 1 capitalina. Las autoridades investigan si esos fondos podrían estar vinculados con actividades de sicariato, narcotráfico y extorsión atribuidas a estructuras de la Mara Salvatrucha.
Durante los allanamientos desarrollados desde el 17 de septiembre, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público también reportaron la localización de armas, municiones y otros indicios que quedaron bajo análisis.
Las autoridades habían informado que el dinero decomisado ascendía a Q1 millón 499 mil 500, mientras continuaban las diligencias en inmuebles ubicados en la avenida Centroamérica y la avenida Elena.
La investigación busca establecer la trazabilidad del dinero, su procedencia y si existe una relación directa con estructuras criminales. Los fondos y demás indicios permanecen bajo custodia mientras avanzan los peritajes correspondientes.
La audiencia de etapa intermedia estará a cargo de un juzgado especializado en lavado de dinero, que deberá conocer posteriormente los avances de la investigación y determinar los siguientes pasos del proceso.
Por tratarse de una persona ligada a proceso y no condenada, Arturo García Jom mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.
El caso continúa abierto y será el Ministerio Público el encargado de presentar durante los próximos dos meses los elementos que permitan determinar si el dinero decomisado tiene relación con las actividades ilícitas investigadas.
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