Una nueva política migratoria del Gobierno de Donald Trump comenzó a aplicarse este 18 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, con cambios importantes en la evaluación de solicitudes de residencia permanente o “green card”.
La norma está relacionada con el concepto de “carga pública”, utilizado por las autoridades migratorias para determinar si una persona podría depender principalmente de determinados beneficios gubernamentales en el futuro.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó la regulación adoptada en 2022, durante la administración de Joe Biden, y restauró una mayor discrecionalidad para que los funcionarios de inmigración consideren el conjunto de circunstancias de cada solicitante.
Según la regla federal, el objetivo declarado es permitir evaluaciones más amplias sobre si determinados extranjeros podrían llegar a depender del Gobierno y reforzar el principio de autosuficiencia económica dentro del sistema migratorio.
El cambio puede afectar a ciertas personas que solicitan admisión a Estados Unidos o ajuste de estatus para convertirse en residentes permanentes, aunque su aplicación dependerá del tipo de caso migratorio y de las circunstancias individuales.
La regulación no significa automáticamente que recibir una ayuda pública provoque el rechazo de una residencia.
Lo que cambia es el margen que tendrán los funcionarios de USCIS para valorar factores relacionados con la situación económica, familiar y personal del solicitante al determinar si existe riesgo de que se convierta en carga pública.
La nueva norma también ha provocado oposición legal.
Autoridades de Nueva York, entre ellas el alcalde Zohran Mamdani y la fiscal general Letitia James, han impulsado acciones judiciales para intentar detener su aplicación, argumentando que la medida podría generar incertidumbre entre familias inmigrantes y ampliar excesivamente la discrecionalidad de los funcionarios.
El Gobierno de Trump, por su parte, sostiene que el cambio busca alinear la política migratoria con la intención del Congreso de promover que los inmigrantes sean autosuficientes y no dependan de beneficios financiados por el Gobierno.
La medida forma parte de una política migratoria más amplia impulsada por la administración Trump durante 2026, que ha incluido nuevas restricciones y revisiones de distintos procedimientos de inmigración legal.
Para los migrantes que estén tramitando una residencia permanente, el impacto concreto dependerá de su categoría migratoria, los beneficios que hayan recibido y los demás elementos considerados dentro de su expediente.
Por ello, organizaciones y autoridades locales han recomendado que quienes puedan verse afectados busquen asesoría migratoria calificada antes de cancelar beneficios o modificar decisiones relacionadas con sus solicitudes.
La entrada en vigor de la norma abre así una nueva etapa en la política migratoria estadounidense y probablemente continuará generando disputas judiciales sobre el alcance que deben tener las autoridades al evaluar quién puede obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
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