El Ministerio de Energía y Minas (MEM) advirtió este 9 de septiembre de 2026 que los Q2 mil 500 millones contemplados para financiar el mecanismo de estabilización de los combustibles podrían terminarse antes de finalizar el año.
Las autoridades estiman que los recursos podrían alcanzar para aproximadamente tres meses, aunque la duración dependerá directamente de la evolución de los precios internacionales del petróleo y de la diferencia que el Estado tenga que asumir para mantener los valores establecidos para los consumidores.
El Congreso aprobó el Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, normativa que establece precios máximos de Q39 por galón de diésel, Q39 para la gasolina regular y Q41 para la gasolina superior.
La medida tiene vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, pero la propia normativa establece que puede finalizar antes si se agota la disponibilidad presupuestaria destinada a cubrir la diferencia entre los precios de referencia y los costos reales del combustible.
El MEM trabaja actualmente en la elaboración del acuerdo gubernativo que definirá cómo deberán acreditarse los costos involucrados en toda la cadena de comercialización, desde la importación y el transporte hasta la llegada del producto a las estaciones de servicio.
También deberán establecerse los documentos y procedimientos necesarios para justificar los desembolsos realizados con recursos públicos.
De acuerdo con las estimaciones conocidas hasta ahora, el mecanismo podría comenzar a funcionar entre el 18 y el 21 de septiembre, siempre que la ley sea remitida al Ejecutivo, sancionada por el presidente Bernardo Arévalo y posteriormente publicada en el diario oficial.
La disponibilidad de los Q2 mil 500 millones será uno de los principales factores a observar durante los próximos meses. Si los precios internacionales continúan aumentando, el monto que tendría que cubrir el Estado por cada galón sería mayor y, por lo tanto, los recursos podrían consumirse con mayor rapidez.
La nueva normativa surge en medio de una fuerte presión social por el incremento de los combustibles y sus efectos sobre el transporte, la distribución de mercancías y el costo de vida de las familias guatemaltecas.
El desafío ahora será determinar cuánto tiempo podrá mantenerse el beneficio sin superar los recursos disponibles y garantizar que el mecanismo pueda aplicarse de manera transparente y efectiva mientras persista la volatilidad de los precios internacionales.
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