El Organismo Judicial impulsa desde hace más de un año un plan piloto para incorporar inteligencia artificial en distintas etapas de los procesos judiciales, especialmente en expedientes relacionados con amparos, agravios, apelaciones y casaciones.
Hasta ahora, el proyecto suma Q1.3 millones en 15 adquisiciones, todas adjudicadas a Business Development Group, S.A. (BDG), que fue la única empresa que presentó oferta en los concursos registrados.
El proyecto comenzó en julio de 2025, cuando se contrataron herramientas para analizar expedientes de amparo, administrar repositorios de documentos legales y facilitar consultas de información.
Entre las plataformas adquiridas figura MEIA-Amparos, desarrollada con tecnología de Gemini, la inteligencia artificial de Google. El sistema fue diseñado para apoyar el procesamiento de documentos judiciales y facilitar el análisis de información contenida en los expedientes.
Durante 2026, el OJ amplió el alcance del proyecto.
Las nuevas contrataciones incluyen herramientas destinadas a identificar motivos de impugnación, normas citadas, argumentos centrales de las partes y otros elementos dentro de expedientes judiciales.
También se contempla la posibilidad de que el sistema apoye en la elaboración de borradores estructurados de sentencias de casación, aunque la normativa interna establece que la inteligencia artificial únicamente puede utilizarse como herramienta de apoyo y no sustituir la decisión jurídica de jueces o magistrados.
Uno de los aspectos que ha generado cuestionamientos es la modalidad utilizada para realizar las compras.
Las 15 adquisiciones efectuadas entre 2025 y 2026 se mantuvieron individualmente por debajo de los Q90 mil, límite establecido para las compras directas. Al superar ese monto, la legislación exige procesos de cotización y, para cantidades mayores, procedimientos de licitación pública.
El OJ no explicó por qué los servicios fueron divididos en múltiples adquisiciones ni cómo determinó que no se trataba de un posible fraccionamiento para evitar otros procedimientos de contratación.
La Contraloría General de Cuentas, por su parte, no formuló observaciones sobre las primeras tres compras de 2025 dentro del muestreo realizado en su auditoría.
Otro punto de debate es la ausencia de información pública sobre los resultados del proyecto.
Aunque las primeras pruebas comenzaron hace más de un año, el OJ todavía no ha presentado métricas públicas que permitan conocer cuánto tiempo se ha reducido en la gestión de expedientes, qué nivel de precisión ofrecen las herramientas o si el sistema será ampliado a otras áreas de la justicia.
En marzo de 2026, la Presidencia del Organismo Judicial emitió el Acuerdo 93-2026, que establece lineamientos para el uso de inteligencia artificial dentro del sistema judicial.
La normativa permite utilizar estas tecnologías como herramientas de asistencia técnica y administrativa, pero restringe su participación en decisiones, valoración de pruebas y fundamentación jurídica de resoluciones. El documento, sin embargo, no se encuentra disponible de forma abierta y debe solicitarse mediante acceso a información pública.
La empresa BDG también registra antecedentes contractuales con el Estado. En 2025 fue sancionada en dos ocasiones por incumplimientos en plazos de entrega, con multas de Q1 mil 507 y Q1 mil 518.10. Desde 2005, la compañía acumula contratos por aproximadamente Q24.3 millones con diferentes instituciones públicas.
La incorporación de inteligencia artificial al sistema judicial abre una discusión importante sobre modernización, eficiencia y acceso a la justicia.
Sin embargo, también plantea interrogantes sobre transparencia en las contrataciones, supervisión humana, protección de datos, posibles errores de los sistemas y rendición de cuentas sobre el dinero público invertido.
El desafío para el OJ será demostrar que estas herramientas realmente mejoran los procesos judiciales sin sustituir el criterio humano y, al mismo tiempo, explicar con claridad cómo se están utilizando los recursos destinados al proyecto.
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